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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
En su más reciente informe la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) destacó el tema de la inseguridad alimentaria en la región centroamericana. El informe señala que en El Salvador, Guatemala y Honduras se encuentra 7.3 millones de personas en “crisis o emergencia de inseguridad alimentaria”.
El SICA, al retomar los datos de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), señala que el período estipulado se extiende desde noviembre de 2020 a 2021, en el marco de las afectaciones por la pandemia del COVID-19, así como, el impacto de las tormentas IOTA y ETA, que afectaron a mayorías que vivían ya en pobreza y pobreza extrema.
La Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (CIF) cuenta con cinco fases que va desde Personas en Seguridad Alimentaria Mínima (Fase 1); Personas en Fase Acentuada (Fase 2); Personas en Crisis o peor (Fase 3); Personas en Emergencia (Fase 4) hasta Personas en Catástrofe (Fase 5).
El SICA señaló que la CIF es un grupo de herramientas y procedimientos que utilizan para clasificar la severidad de la Inseguridad Alimentaria Aguda y la Inseguridad Crónica y Desnutrición Aguda, así también para identificar los factores esenciales, normas internacionales, regionales e internacionales.
Asimismo, informaron que la situación de inseguridad alimentaria y nutrición al se profundizó en regiones de los tres países se debió a la emergencia sanitaria y las tormentas que afectaron directamente el cultivo de granos básicos y hortalizas, que terminó elevando los precios, pérdidas de cosechas y baja de ingresos económicos de las familias.
“En el caso de El Salvador, según el informe de noviembre 2020 a febrero 2021, son 684,000 personas (10 % de la población analizada), que se encuentra en inseguridad alimentaria o peor (fase 3 de la CIF), y por tanto requieren acciones urgentes. De estas personas 589,000 se encuentran en Crisis y 95,000 en emergencia. De junio a agosto de 2021. Se estima que 1.04 millones estarán en crisis o emergencia de inseguridad alimentaria aguda”, señala el informe.
El informe muestra que el departamento más afectado es Ahuachapán, que tiene la clasificación Fase 3 de la CIF, mientras el resto de los departamentos del territorio nacional se han clasificado en “estrés” que es la Fase 2 de la CIF, al señalar que la población más afectada es la que depende de actividades agrícolas o ganaderas para subsistir y que por pérdidas de ingreso por las restricciones de movilidad, transporte por las medidas de la cuarentena domiciliar obligatoria.
“El sector informal y en especial pequeños comerciantes que se ven obligados a utilizar estrategias de afrontamiento de crisis o emergencias para solventar sus brechas alimentarias, como la venta de sus activos productivos. Los efectos económicos de la crisis sanitaria de COVID-19, han sido contrarrestados por la ayuda humanitaria estatal y cooperación externa en los meses de abril a junio del 2020, evitando una mayor severidad en la inseguridad alimentaria aguda en ese período”, reafirma el estudio.
Mientras, para el período de marzo a mayo de 2021, exponen que la población en condición de crisis o peor (Fase 3/CIF), se incrementará a 985,000 personas y el período junio a agosto del presente año, serán 1.04 millones de personas en esta misma condición. De los cuales, ambos períodos en los departamentos de Ahuachapán, La Unión y San Miguel, están clasificados en la Fase 3 (CIF), mientras el resto se encuentra en “estrés” (Fase 2 CIF).
El Sistema Regional refirió que luego de un análisis de los 14 departamentos del país, totalizan 6.8 millones de habitantes, retomando proyecciones de la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), en el marco de la pandemia del Coronavirus, que afecta desde marzo de 2020; el alza y variabilidad de precios de granos básicos y otros alimentos; el inicio de la temporada de lluvias con un 55 % de probabilidad del fenómeno de La Niña, como contexto nacional.
“Los factores determinantes de la inseguridad alimentaria son: las pérdidas de empleos, principalmente en turismo, maquilas y pesca, la reducción de las reservas de granos básicos en el hogar, la tendencia al aumento de precios de granos básicos y la limitación de la movibilidad y transporte que ha disminuido grandemente los desplazamientos de población entre los departamentos, limitado poder ofrecer mano de obra y llevar a cabo comercio informal”.
“Estas limitaciones están mayormente asociadas a las medidas tomadas para enfrenar la pandemia del COVID-19 a nivel nacional. A todo ello se añade que en una buena parte de los departamentos analizados existen condiciones de servicio de agua no tratada adecuadamente y de aumento del hambre estacional. En los departamentos de Ahuachapán, San Salvador, La Libertad y Santa Ana, existen hogares en condiciones de Emergencia (Fase 4/CIF)”, reitera.
Asimismo, el organismo regional, señaló que los hogares en “Crisis o Emergencia” (Fase 3 o 4 de la CIF) son los que obtienen ingresos principalmente a través del trabajo jornalero, comercio informal, turismo y agricultura. Y que corresponden a los pobres extremos en el ámbito rural , y que son quienes tienen mayores porcentajes de necesidades básicas insatisfechas.
