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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“A los funcionarios no se les suplica, se les exige y queremos que el presidente (Nayib Bukele), el fiscal (Raúl Melara) y el ministro de Medio Ambiente (Fernando López) nos brinden una audiencia, para defendernos por la injusticia que están cometiendo con nosotros”, dijo David Díaz Aguirre, síndico de la Junta directiva de la Asociación de Desarrollo Comunal Bendición de Dios (ADESCOBD).
La criminalización de estos ocho defensores del derecho humano al agua ha incluido capturas, encarcelamiento y la amenaza de pasar entre cinco u ocho años en prisión, luego de enfrentar a las autoridades municipales para no dejarse arrebatar el sistema de agua comunitario.
Son trece años en resistencia contra el Gobierno, explicó Díaz, al agregar que cuando decidieron conformar una junta directiva para la administración de pagos y gastos, para mantenimiento de la red, cambió cuando los integrantes comenzaron a negar la fiscalización del dinero por el cobro del servicio, que se agravó cuando incluyeron al exalcalde Joel Ramírez (ARENA) como socio del sistema del agua.
“En el 2005 nos dijeron que nos iban a poner contadores y racionar el agua y multas si agarrábamos más de tres barriles, claro nos opusimos y exigimos una asamblea general, que es la máxima autoridad, y destituimos a la junta directiva. Esta decisión no fue respetada y decidimos preparamos en comités de defensa, y la respuesta de esa junta ilegal que tenía como socio al exalcalde, comenzó a manipular a la junta directiva, las autoridades, y así apropiarse de nuestro sistema de agua”, manifestó Díaz.
“Bendición de Dios” llamaron estas siete comunidades rurales a su sistema de agua, por el íntimo sentimiento de haber logrado lo impensable, obtener agua para su consumo y sus cultivos de subsistencia de manera domiciliar, en un municipio históricamente agrícola y cafetero y una amplia brecha de desigualdad social y económica.
El forcejeo jurídico entre la ADESCOBD y el gobierno municipal por el sistema de agua se intensificó cuando el exalcalde Joel Ramírez, acusó a estos ocho defensores del agua de usurpación de inmueble, hurto de fluidos y hurto agravado.
Joel Ramírez, exalcalde de Tacuba durante cinco períodos consecutivos fue capturado en 2018, por los delitos de portación y conducción irresponsable de armas de fuego, además suma una denuncia presentada por ADESCOBD, por el patrimonio comunitario, caso del que no han obtenido respuesta a la fecha.
Este “acoso legal” durante estos últimos trece años han generado zozobra entre las comunidades, no obstante, estos ocho defensores han podido desvirtuar los dos primeros cargos que pesaban en su contra, al obtener sentencias a favor, como la denuncia del 3 de septiembre de 2007, presentada por el mismo exalcalde ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que resolvió a favor de ADESCOBD, el 12 de septiembre de 2012, al declararse ilegal que el edil no inscribiera a la junta directiva electa por la asamblea general.
No obstante, el exalcalde Ramírez no acató la sentencia y en respuesta formó una junta directiva paralela, que manipuló. Así como, no reconoció las medidas cautelares que dictó el Procurador de Defensa de Derechos Humanos (David Morales), entre otros desacatos.
“El exalcalde (Ramírez) siempre desobedeció las sentencias a nuestro favor, luego de ciertas acciones como la junta directiva paralela, la apropiación indebida del sistema de agua de las comunidades y la ilegalidad de una supuesta donación del patrimonio de la comunidad a la municipalidad de Tacuba, que se acreditó con la junta directiva paralela ilegal. Está también la investigación pendiente sobre la malversación de fondos de la junta directiva, por once años”, agregó.
Sobre la postura de la Fiscalía General de la República en este caso, fue calificada de deficiente y a veces arbitraria, porque no obstante la decisión del nuevo gobierno municipal de Luis Carlos Milla (PCN), que ha pedido desestimar las acusaciones, el fiscal del caso Miguel Santiago Gross insiste en mantener este último delito (hurto agravado), para procesarlos penalmente.
“Este martes 12 de noviembre nos habían citado en el juzgado para enfrentar ese cargo falso de hurto agravado que nos puede llevar al encarcelamiento. Y nos avisan que será hasta el próximo 7 de enero de 2020, no entendemos esta justicia. Bien dicen, que la justicia es como la serpiente que solo muerde al más pobre. Por eso pido a los medios de comunicación y otras organizaciones a unirse y denunciar esta situación, porque nosotros solo queremos defender nuestro derecho al agua, como seres humanos que somos”, reafirmó.
Wilfredo Aguilar, fontanero que da mantenimiento a la red de agua recuerda el momento en que llegaron a capturarlo por la Policía Nacional Civil (PNC), a la medianoche el 22 de julio de 2016, que consideró una pesadilla.
“Estaba en casa con mi familia cuando llegaron y botaron la puerta, y claro estaba en ropa interior, no respetaron y me sacaron como un delincuente peligroso. Me dijeron que tenían una orden –yo les pedí que me la leyeran-, pero ya estaba esposado. Y allá, por San Juan Conacaste nos bajaron para tomarnos fotos y de una vez, a la cárcel por seis días. No opuse resistencia, porque al igual que mis otros compañeros vamos a defender nuestro patrimonio, sea como sea. No debemos nada, no hemos hecho nada ilegal. Aunque mientan acusándonos de destruir nuestro propio patrimonio, que sería atentar contra nuestras comunidades. Estamos conscientes que eso no es verdad, y que fuimos a la cárcel por el exalcalde (Joel Ramírez), haciéndoles daño a nuestras familias, a la comunidad, cuando solo trabajamos por nuestro derecho al agua”, denunció.
