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Redacción Nacionales
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Los partidos políticos integrantes de la Conferencia de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), admita la demanda interpuesta por Sigfrido Reyes, ex presidente de la Asamblea Legislativa por grave y sostenida violación a los derechos humanos de él y su familia.
El dirigente histórico y ex funcionario del Frente Farabundo Martí para la Liberación (FMLN), actualmente es asilado político en México, conforme a lo previsto en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH Pacto de San José).
“Los partidos que integramos la COPPPAL demandamos el cese de la violación de sus derechos y de sus familiares, debido a procesos judiciales instruidos sin fundamento en hechos reales, y fuera totalmente de la legalidad, atropellando la Constitución de El Salvador y los derechos humanos reconocidos en la CADH”, señaló la COPPPAL.
A la vez, pidió a la CIDH adoptar en el menor plazo posible las medidas provisionales solicitadas, a fin de frenar en lo inmediato procesos judiciales absolutamente viciados, y en ausencia evidente de jueces independientes, pues en este caso se cumplen los requisitos de urgencia, gravedad y daño irreparable previstos en el Reglamento de la CIDH.
Según la COPPPAL, en una verdadera democracia, es totalmente inaceptable el uso de los tribunales para criminalizar y deshacerse de opositores políticos y sociales, o de cualquier voz que exprese una disidencia ante los atropellos de un gobierno.
“Reiteradamente nos hemos pronunciado en rechazo a la judicialización de la política y de juicios arbitrarios, que atentan contra los derechos humanos de dirigentes y activistas políticos de cualquier signo ideológico, en cualquier país de nuestro continente”, expresó la COPPAL
Reyes informó que el periodista internacionalista y revolucionario peruano, Luis Varese, tomó la iniciativa de respaldar la demanda ante la CIDH por la violación a los derechos humanos fundamentales, de él y su familia, por el régimen represivo de El Salvador, encabezado por Nayib Bukele, y que se traduce desde hace ya 5 años en una feroz y arbitraria persecución política, en un clásico ejercicio de lawfare.
A través del correo electrónico derechoshumanos_
Entre los derechos violentados por distintas autoridades del Estado salvadoreño están, el derecho a la igualdad ante la ley y no discriminación; la protección Judicial; ser oído con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad a la ley.
La violación a los derechos humanos constituye la base para la persecución política ordenada en su momento por el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador, y más tarde por Raúl Melara, ex fiscal general de la República.
Es una demostración de falta de independencia y como parte de una vil conspiración política, cuyo propósito ha sido desterrarlo de la participación política del país, utilizando de manera perversa al sistema judicial.
Esta es la primera demanda internacional que un perseguido político interpone contra el régimen fascista de El Salvador.
