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Redacción Nacionales
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El ex presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una demanda contra el Estado salvadoreño, por grave y sostenida violación a los derechos humanos y de su familia, establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).
Indicó que entre los derechos violentados por distintas autoridades del Estado salvadoreño están, el derecho a la igualdad ante la ley y no discriminación; derecho a la protección judicial; a ser oído con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad a la ley.
Según Reyes, el Estado le ha vulnerado el derecho a comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa, incluyendo la violación al derecho a presentar pruebas para desvirtuar falsas acusaciones.
Asimismo, el derecho a ser juzgado con arreglo a un procedimiento previo y legalmente establecido, en relación con el deber del Estado de adoptar disposiciones de Derecho interno. Violación de los artículos 1.1 y 2 de la CADH atribuible al Estado por no garantizar la independencia del poder judicial; y derecho a la propiedad. “La violación a los citados derechos humanos constituye la base para la persecución política ordenada en su momento por el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y más tarde por Raúl Melara, ex fiscal general de la República, en una flagrante demostración de falta de independencia y como parte de una vil conspiración política”, sostuvo.
El ex diputado de la Asamblea Legislativa, afirmó que el propósito ha sido desterrarlo de la participación política del país, utilizando de manera perversa al sistema judicial. Todo ello con grave daño a él y otras personas absolutamente inocentes.
Manifestó que el Relator de la ONU para la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García Sayán, señaló que el inicio del proceso en su contra, sin pruebas que evidencien una conducta delictiva, se debería más a intereses políticos y a una utilización indebida del sistema de justicia penal para perseguir políticamente a opositores del gobierno.
“Mi demanda ha sido recibida formalmente por la CIDH, estoy seguro que la justicia del sistema interamericano sancionará debidamente a los violadores de los derechos humanos de mi persona y muchos inocentes más, y dictará medidas apropiadas de reparación y exigirá garantías de no repetición”, reiteró. El ex funcionario es acusado por lavado de dinero, peculado y estafa agravada, por supuestamente haberse apropiado de $106,000 por el cobro de viáticos de 56 viajes y supuestas misiones oficiales en la Asamblea Legislativa. Además, se le acusa de la supuesta estafa de cinco terrenos del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada.
