Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
El coronel Sigifredo Ochoa Pérez, exembajador de El Salvador en Honduras fue notificado ayer de la acusación que pesa contra él y dos personas más por el delito de peculado.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa al exdiplomático de apropiarse de fondos destinados al alquiler del inmueble en el que funciona la sede diplomática salvadoreña en la capital hondureña.
El Juzgado Segundo de Paz de San Salvador conocerá el caso, del que la FGR presentó la acusación formal el pasado 20 de diciembre en contra de Ochoa Pérez, embajador salvadoreño en Honduras entre 2004 y 2009; Walter Alfredo Amaya Escalante, exministro consejero; y la ciudadana hondureña Soledad Funes Donaire de Ramírez, por complicidad necesaria en el delito de peculado.
Según detalló el representante de la FGR, en el año 2005 fueron suscritos dos contratos de alquiler del inmueble en el que funciona la sede de la embajada salvadoreña en Tegucigalpa, capital hondureña, uno de los contratos era por un monto de $2,200 mientras que el otro era por $3,000.
Las investigaciones señalan que el monto real del arrendamiento mensual era de $2,200, por lo que el excedente de $800 era receptado de forma ilícita por el jefe de la misión diplomática, Ochoa Pérez. El exembajador habría recibido los excedentes mensuales hasta septiembre de 2009.
Posteriormente, Amaya Escalante, otro funcionario de la embajada continuaría recibiendo el pago irregular hasta mayo de 2015. Las estimaciones de la fiscalía indican que el Ministerio de Relaciones Exteriores erogó entre julio de 2005 hasta enero de 2016, $107,920, que serían la suma de los excedentes.
En términos individuales, la fiscalía presume que el exembajador Ochoa Pérez se habría apropiado de $41,040, mientras que Amaya Escalante de más de $59,000. El Juzgado de Paz fijó la audiencia preliminar para este miércoles 8 de enero a las 9:00 a.m.