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Licenciada Norma Guevara de Ramirios
Mucho deben hacer las organizaciones sociales, populares, partidos no oficialistas, para descifrar el momento que vive el país y asumir una postura ante la virtual proclamación del presidente de la república como “dictador”.
La concentración del poder en una persona o grupo, al margen de las normas jurídicas del país donde esto ocurre, más allá de cuantas personas creen que eso es correcto, o sabiendo que es incorrecto, ilegal o inconstitucional, prefieren hacerse del lado de quien creen, es más fuerte en este momento, es una dictadura.
Sin duda esto pasa hoy en nuestro país.
El presidente, antes de finalizar su mandato, y a sabiendas que en el país la Constitución no permite la reelección continua, ni siquiera la postulación de candidatura a ese cargo en un periodo siguiente, anunció que lo haría.
Sectores que toman en serio la Constitución, se pronuncian en contra y, otros, simplemente se suman a una campaña bien diseñada y costosa para permitir esa monstruosidad jurídica y política, argumentando que el pueblo lo quiere, viejo argumento que la historia registra repetidamente cuando de imponer dictaduras se trata.
¿Quiere el pueblo de verdad eso? Y, entonces, ¿qué somos los que no lo queremos, no lo aprobamos y tenemos claridad que se está metiendo al país en un camino ya superado de autoritarismo, de país sin reglas, de vuelta al pasado de dominio militarista con la dosis de violencia contra el pueblo?
Se puede entender esa postura, aunque se sepa incorrecta de parte de personas engañadas por la propaganda gubernamental, pero de parte de sectores y personas con capacidad de análisis y conocimiento de la historia, resulta sorprendente.
Los funcionarios de partidos aliados del gobierno simplemente guardan silencio; los partidos no oficialistas, una posición de prudente rechazo.
¿Tanto temor genera saber que el presidente ha logrado el apoyo incondicional del estamento militar y policial? Cuesta pensar en la existencia de otros motivos.
La verdad es algo que debe tener su valor y, en esta trama política, armada por el grupo que hoy gobierna el país, parece que la verdad no importa a muchos. O quizá los intereses de esas personas y sectores que se pliegan a la postura política del oficialismo han sido advertidos (¿amenazados? por el régimen.
En todo caso, existe en el orden legal del país, todavía, lo que se llama partidos políticos. Por mucho que hayan cometido errores, todos o algunos de sus miembros, estos partidos políticos debieran pronunciarse frente a una declaración de intenciones que violenta la Constitución de la República. Deben decidir cómo afrontarán los próximos comicios electorales de 2024.
No puede darse por hecho que la autoproclamación presidencial es la última palabra, que ocurrirá la reelección inevitablemente.
Los partidos y la sociedad crítica de este modelo impuesto al margen de las leyes y de la Constitución, deben asumir una postura de aquí al 2024, cuando ocurran esas elecciones.
Algunos gremios y grupos de ciudadanos, aquí y en el exterior, han optado por el lado de la valentía política y han señalado lo dañino de la reelección para la democracia en el país.
Por primera vez, en años, algunas organizaciones empresariales han señalado su reclamo para que se cumpla la Constitución y resulta evidente que frente a esa postura, sus miembros han sido objeto de presiones, como se evidenció en la renuncia del presidente de Casalco, uno de los gremios integrantes de ANEP, que prefirió renunciar a secundar la tímida posición pública con la que se subraya que la Constitución prohíbe al presidente postularse para la reelección a un segundo mandato continuo.
Solo queda especular sobre los motivos que haya tenido esa persona y considerar que fue presionado y cedió a la presión, antes que verse afectado en sus intereses de proveedor de servicios al gobierno actual.
Compatriotas residentes en Canadá se han expresado rechazando el anuncio político del presidente de la República, pletórico de un anhelo de perpetuarse en el poder.
No cabe duda que esta delicada cuestión, con serias implicaciones para el futuro del país. seguirá siendo objeto de debate.
El tiempo es corto, pero suficiente para que la ciudadanía tenga ante sí opiniones y opciones diferentes. Jamás se puede dar por hecho que la autoproclamación del presidente, por grave que sea, es algo consumado.
Los motivos para rechazar la reelección, además de constitucionales, éticos y prácticos, son muchos, están en el sufrimiento que el retroceso del país experimenta y que padecen los despedidos, los enfermos sin atención, los engañados.
Necesitamos sí, a un Eduardo del Rio, que poco a poco y con dibujitos haga ver la realidad del país, como lo hizo en su tiempo el caricaturista en la sociedad mexicana, para no ser simplemente una sociedad de “agachados”.
