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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
Cada 29 de marzo que se Conmemora el Día de la Niñez Desaparecida, Eduardo García evalúa la situación de padres y familias de las niñas y niños desaparecidos durante el conflicto armado en la década de los años ochenta.
Para el presente año, Eduardo lo resume con en esta frase: “seguimos sin tener noticias del órgano de justicia”, al tiempo que demanda el cumplimiento de investigar los casos y dar con los posibles paraderos de miles de infantes que fueron arrebatados de los brazos de sus madres o padres.
“Cuando es un pobre quien pide justicia de inmediato de levantan las alarmas y dicen que lo que quieren es venganza. Porque desde lo ideológico se nos ha educado que determinadas cosas se deben de saber,
determinadas cosas se pueden investigar y otros que no vamos a resolver, esa es la realidad”, lamentó.
– ¿Cómo se encuentra el trabajo de Pro Búsqueda?
Con un gran volumen de trabajo como siempre desde que se empezó aquí. No desfallecemos, ni descansamos, pero con un gran sentimiento por todo lo que ocurre con los familiares de la niñez desaparecidas que por la edad van falleciendo o tienen enfermedades causadas por el sufrimiento de la desaparición de sus niñas y niños, y la poca reparación que se ha dado y la poca justicia obtenida.
Hemos visto los grandes esfuerzos desde del órgano Ejecutivo y pese a las situaciones de franca desventaja económica con los presupuestos y por las sentencias que deben de pagar, pero ahí van.
– ¿Quiénes han fallado a las víctimas?
Vivimos el abandono de parte del órgano de justicia. De este sistema seguimos sin tener noticias y pese a que en 1996, el Estado salvadoreño, a través de la Asamblea Legislativa, reconoció a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Y en el año 2005 pusimos la demanda de las Hermanitas Serrano (Erlinda y Ernestina) que dieron una sentencia donde la ganamos, pero desde ahí comenzó el Estado a desconocer esta sentencia y hasta la fecha no han investigado el caso como debieron. Han hecho unos movimientos como que están haciendo las cosas o diligencias para investigar, judicializar y sancionar a los responsables del paradero de las niñas Serrano, pero detrás de esa sentencia se han venido otras dos, con el Caso Contreras y el Caso Rochac.
Lo más triste del Caso Rochac es que de esos niños -que ahora son adultos- ya se encontraron con sus familias, pero no se ha investigado cómo ellos llegaron con estas personas.
– ¿Qué incide en los casos, negligencia o falta de presupuesto?
Eso decíamos nosotros en Morazán, celebrando el 29 de marzo, para
conocer sobre esta fecha deberíamos explicar los rostros de la impunidad que
ha tenido a lo largo de la historia estos casos; que como reloj de arena el tiempo pasa a cuenta gotas y la gente se va muriendo sin obtener justicia.
Donde los victimarios -le dicen- a las víctimas, que no es el momento para abrir los archivos por la situación y que esperen un poco, pero de eso ya pasaron 25 años, tengo muchos casos viendo estos casos.
Esta es la impunidad que se viste de funcionario de saco y corbata y precisamente en los delitos de desaparición forzada, una de las características es el silencio administrativo del Estado por no determinar el paradero de las niñas, niños y personas que han desaparecido.
Ese silencio lo practican muy bien, no solo la Fuerza Armada también el órgano de Justicia cuando no investigan y no acatan la sentencia, cuando la Sala de lo
Constitucional resuelve un “Habeas Corpus”, a favor de nuestra organización.
– ¿Cómo están viviendo esta impunidad sobrevivientes y familiares de las víctimas?
Las víctimas y sobrevivientes hace 25 años tenían más salud y menos enfermedades y a la vez, estos 25 años de espera, de burla, lo que está generando es la revictimización. Les dicen que vengan
a declarar o que vayan con un papel de un lado a otro y al final nada; esto los hunde en depresión porque los han humillado como personas, les han quitado su derecho de acceso de pronta y cumplida justicia.
Y, precisamente por eso derogaron la Ley de Amnistía ante la negativa de ofrecer la investigación, judicialización, sentencia y reparación, pero llevamos 30 años desde que se cometieron los ilícitos y no hay resultado.
Llevamos 25 años de la firma de los Acuerdos de Paz, y no se puede formular una
paz o reconciliación con la sociedad, sin la sociedad incluida. Y de esto estamos dependiendo, del que tiene más poder para que se investigue.
– ¿Qué hace difícil este tipo de temas?
Por el concepto ideológico. Los argumentos van desde que: “estábamos en guerra no era camino de rosas,” o “había que combatir a los enemigos”, pero hasta las guerras tienen sus reglas, un combatiente no importa de que bando sea, y si está herido, entonces, pasa a ser víctima y como tal, prisionero de guerra, la Convención de Ginebra regula todo esto.
Y en ese momento, muchos ignoran que los medios de comunicación estaban cuartados por el terrorismo de Estado, entonces se hacía prevalecer la verdad que quería el Estado que se supiera, y eran también los empresarios que pagaban para que se difundiera esa “verdad”.
Este fragmento de historia que es falsa es la que se ha mantenido hasta ahora, la gente sigue pensando que esta es al verdad y no se da cuenta que fueron prácticas diferentes, efectivamente fue una guerra y la Comisión de la Verdad investigó eso, que deduce que hay una sistemática agresión del 85% del ejército y autoridades del Estado y el otro bando un 5 o 7% que era el movimiento insurgente.
– ¿Qué los diferencia?
El sistema respondía a ese tipo de práctica sistemática, porque era
repetitiva, el operativo tierra arrasada era continuo, así como, la sustracción
de niños y niñas del campo de batalla, cada vez que había un operativo de guerra. Y esto del reclutamiento de la guerrilla que tanto, achaca la gente de derecha para justificar las masacres, eran cosas esporádicas, pero que se deben de investigar, claro, pero esto no fue una práctica.
Y la gravedad de estos “Crímenes de Lesa Humanidad”, era quién daba la orden y la cadena de mando; sabemos que hubo abusos en la guerrilla y ajusticiamientos, pero no eran constantes, no era la tónica diaria.
– ¿Cómo buscar la justicia transicional?
Probúsqueda está conformada por madres y padres de las víctimas y otros familiares que no van a dejar de buscar y por esto que hemos decidido acompañarlas, pero no buscan acción penal de condena, sino que buscan una acción jurídica de esclarecimiento de la verdad, a través de un juez que establezca, escuchando los argumentos de ambas partes, para tener una verdad oficializada que se haga justicia y sea reparador.
En un juicio se establece una verdad imparcial a través de un juez, que será una verdad social, entonces terminará siendo reconocida estatalmente. Y eso se puede usar en justicia y reparación. La verdad de la víctimas frente al peso del oficialismo. Nuestra propuesta transicional que hemos estado aportando contiene una sentencia, una condena y esa condena permuta a otras penas, que pueden ser horas sociales, dar conferencias, apertura de archivos, pedir perdón, porque el perdón debe pedirse y que sea real. El perdón debe ser sentido, que sea gratificante y para eso tienen que demostrar que lo sienten, que entienden los perpetradores, que lo hecho durante el conflicto no era correcto y por eso piden perdón, por el dolor que ocasionaron a las víctimas. El perdón se pide, no se impone y es el derecho de las víctimas optar a darle o no el perdón al victimario y tenemos la convicción de que la mayoría de las víctimas están dispuestas dar el perdón.
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