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Por Isabel Soto Mayedo
Guatemala/PL
Una plaza cubierta de sillas vacías, golpeadas por la lluvia, devino símbolo de la injustica el Día Nacional Contra la Desaparición Forzada en Guatemala, el país latinoamericano más golpeado por ese crimen de Estado.
Imágenes impresas de algunas de las 45 mil víctimas de ese delito de lesa humanidad, cometido mayoritariamente en el ámbito del conflicto armado interno en este país centroamericano (1960-1996), resistieron las inclemencias del tiempo desde esos asientos en medio de una jornada conmovedora y lacerante.
Dolorosa, porque como aseguraba el premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias ‘los ojos de los enterrados se cerrarán juntos el día de la justicia o no se cerrarán’, y ese vaticino continúa siendo una realidad en su natal Guatemala.
Familiares, amigos, compañeros de lucha y activistas insisten en mantener viva la memoria de los desaparecidos y cada 21 de junio vuelven a dar luz a las miradas de estos, representados en las 450 imágenes colocadas este año sobre las sillas vacías que coparon la Plaza de la Constitución.
Y es que, aunque desde 2004 fue establecido el Día Nacional Contra la Desaparición Forzada en Guatemala, el Estado persiste en su negativa a cumplir con los reclamos de quienes abogan por la creación de una comisión encargada de la búsqueda de las víctimas del empleo recurrente de ese método de coacción.
El proyecto de Ley 3590 para crear la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Víctimas de Desaparición Forzada y otras formas de Desaparición sigue engavetado y todo esfuerzo por sacarlo de las sombras pareciera inútil, pese a contar hace mucho con el aval de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso.
También cayó en saco roto la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición de las personas consignadas en el Diario Militar y así muchos de los procesos legales abiertos con el supuesto objetivo de poner fin a la retardación de justicia que prima en estos casos.
‘Los desaparecidos y desaparecidas fueron arrancados de sus raíces y sólo la verdad y la justicia permitirán que regresen a la tierra, a sus orígenes, a su comunidad, a su familia’, insiste la Liga de Higiene Mental.
Según el Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (1999), en Guatemala la desaparición forzada devino una práctica sistemática que borró el rastro de 45 mil seres humanos, mayoritariamente indígenas, sindicalistas, líderes comunitarios, estudiantiles, activistas sociales y otros.
Sobrevivientes de estos hechos coinciden en que ese método ganó terreno en el país a partir de 1963 y a la larga resultó el mecanismo principal de control político y social, paralelo al afianzamiento de la impunidad y la absoluta transgresión de las leyes más elementales de convivencia humana.
La multiplicación de los escuadrones de la muerte, dedicados a ejecutar secuestros, torturas y asesinatos, en casas clandestinas o de manera descarnada en otros puntos; así como tumbas secretas y cementerios, marcharon a la par en ese proceso, señalan.
De acuerdo con una de ellas, Ana Lucrecia Molina Theissen, ‘cuando los militares latinoamericanos empezaron a utilizar la práctica de la desaparición forzada de personas como un método represivo, creyeron que habían descubierto el crimen perfecto’.
‘Dentro de su inhumana lógica no hay víctimas, por ende, no hay victimarios ni delito’, opinó y explicó que esta práctica cobró fuerza en el continente a partir de los años 60, aunque había sido implementada en El Salvador durante el régimen de Maximiliano Hernández Martínez (1931-1944).
Por eso, actos como el realizado el miércoles, cobran mayor validez al demostrar que pese al terror los pueblos jamás olvidan y persisten en alentar a quienes desde distintas esferas empujan el carro de la justicia contra los culpables de tanto dolor acumulado en una sociedad que sigue marcada por la guerra.
