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Redacción Nacionales
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César Artiga, integrante del Equipo Impulsor Nacional del Acuerdo de Escazú – El Salvador, opinó sobre la discusión del anteproyecto de la Ley General de Recursos Hídricos, iniciativa del órgano Ejecutivo, que está siendo conocida y aprobada en su articulado por la bancada oficial del partido Nuevas Ideas y sus partidos satélite.
“Una cosa importante con respecto a la discusión de la Ley General de Recursos Hídricos es que están discutiendo la propuesta del Ejecutivo, es decir, es una ley que no garantiza que haya agua. Solo es una ley que busca regular el uso y usufructo del agua”, explicó Artiga.
Como integrante del Equipo Impulsor Nacional del Acuerdo de Escazú – El Salvador señaló que de haber ratificado este convenio que cubre a América Latina y el Caribe, muchos derechos que están siendo ignorados en este momento por la mayoría parlamentaria del partido oficial que apoyo el anteproyecto presidencial.
El Acuerdo de Escazú entre sus contenidos reconoce la legitimidad de defensores y defensoras de la tierra, territorios y medio ambiente, y delimita y ordena cierta gobernanza y el respeto a los pueblos desde la inclusión social en las regiones que habitan.
Asimismo, Escazú establece de manera clara el ejercicio del derecho a la consulta y participación de los pueblos en los procesos de decisiones ambientales, que son también tema de país.
Y la prerrogativa de acudir a la justicia para pedir reparaciones ante el daño al medio ambiente o por exclusión de procesos en las decisiones ambientales, por lo que consideró Artiga que este convenio es importante en el tema que se está ventilando en la comisión Ad Hoc.
“Por ahora, la Ley General de Recursos Hídricos no garantiza que habrá agua en cantidad y calidad para toda la población partiendo del derecho humano al agua, elemento central que debería tener a la base esta propuesta de ley”, agregó.
“Ahora, debemos considerar de importancia, en el caso de El Salvador, la existencia de las desigualdades territoriales en el acceso al agua, que están bien marcadas en el uso para fines comerciales, industriales y, sobre todo, en el tema de la agricultura”, sugirió Artiga.
La zona costera del territorio nacional ha incrementado a lo largo y ancho el monocultivo de la caña de azúcar, que concentra una alta demanda de extracción de agua para el riego, y contamina el aire, agua y tierra por el uso abusivo de pesticidas como el Glifosato, que impacta directamente, en la salud de la población, trabajadores de la caña y en sus cultivos de subsistencia, consideró.
“Un cultivo que es intensivo en el uso de agua, y cito el río Aguacayo en Jiquilisco, Usulután, en donde han instalado siete motores para extraer el agua y están desviando el río Lempa para regar el caña de azúcar, -claro- las comunidades han perdido los pozos artesanales debido a esta alta extracción que cañeros realizan para un riego constante los cañales”.
“Entonces, las comunidades de Aguacayo han perdido su derecho al agua, al quedar secos sus pozos artesanales afectando su vida y salud; han perdido su derecho de agua a sus cultivos de subsistencia que les provee seguridad alimentaria, porque están priorizando el riego de la caña de azúcar, que genera ganancia a unos pocos”, manifestó Artiga.
Una situación severa de violación de derechos que se profundizó desde la cuarentena por la pandemia del Covid-19, el año pasado, advirtió Artiga, al comentar que desde dos años atrás, cuando asumió la actual administración, han “flexibilizado la normativa ambiental”, lo ha permitido una serie de abusos de parte del sector privado, como resalta en el monocultivo de la caña de azúcar.
“Hay otros rubros industriales también, como las empresas que embotellan bebidas carbonatadas y agua, frente a controles que son cada vez, más débiles para realmente monitorear el volumen de agua que están extrayendo y si está en total cumplimiento de la autorización que ha emitido el Ministerio de Agricultura y Ganadería”, agregó.
“Y con los recortes que hay al Ministerio de Medio Ambiente, estamos frente a la reducción de los custodios ambientales, quienes son los que están dentro de las áreas protegidas en diversos territorios en donde están algunos de los ecosistemas claves para monitorear que se respete la normativa ambiental”, reiteró Artiga.
En cuanto a esta flexibilización de la normativa ambiental y menor financiamiento en los presupuestos de las Carteras de Estado, que son clave para preservar el medio ambiente, Artiga, acotó, que la priorizar los usos del agua con fines comerciales, industriales y agrícolas, se está construyendo una situación insostenible para los bienes naturales y el derecho humano al agua de la población.
“No podemos perdernos, existen desigualdades territoriales en el acceso al agua y los bienes hídricos, que en su conjunto forman parte no solo de los medios de vida de las comunidades y sus entornos como los manglares, biosfera y demás, alimentos para su sustento y soberanía alimentaria”.
“Con este tipo de leyes, se rompe también la relación cultural que existe en los territorios con el agua. Porque para los Pueblos Indígenas, los vertientes y nacimientos de agua, son lugares sagrados de este país que llamamos El Salvador, pero antes era Kuskatan”, puntualizó Artiga.
