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Rosmeri Alfaro
@RosmeriAlfaro
En El Salvador, como en otras partes del mundo, los sindicalistas se han caracterizado por la búsqueda del cumplimiento fiel del bienestar social del pueblo, como lo hicieron activistas de la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños (FENASTRAS) antes de la masacre del 31 de octubre de 1989.
Y aunque ya se cumplieron 29 años desde “el atentado dinamitero” que provocó la muerte de líderes y lideresas sindicales que luchaban contra el régimen a fin de conquistar mejores condiciones de vida, los sindicatos aún enfrentan muchos retos, como su libertad sindical.
Por años los sindicalistas han pedido que se dé cumplimiento a las normativas nacionales e internacionales, en especial el sector privado que mantiene una represión sistemática al derecho.
Mario Montes, presidente de la Asociación General de Empleados Públicos y Municipales (AGEPYM), afirmó que en el país, la libre sindicalización se desarrolla más en las alcaldías, a diferencia de las empresas privadas donde “si se dan cuenta que un grupo de empleados se está organizando tratan de bloquearlos y hasta de despedirlos”.
“Nos preocupa que a nivel de empresa privada casi no hay sindicatos, porque si se quieren sindicalizar los despiden. El Ministerio de Trabajo debe obligar que en toda empresa privada, donde hayan más de 35 personas, puedan hacerlo, debería ser una ley respetada y eso no existe en El Salvador”, dijo.
A marzo de 2017, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social tenía 839 sindicatos inscritos, entre ellos, 103 del sector público, 34 de autónomas, privados 342 e independientes 191. De estos 445 están activos, y más de 200 mil personas se encuentran afiliadas.
Según Montes, a mediados de la década de los 60, no era fácil que los empleados públicos y municipales crearan un sindicato ya que no podían cerrar instituciones o ejercer el sindicalismo libre porque se estaba en el contexto de las dictaduras militares.
En el marco del Día Nacional de la Persona Sindicalista, indicó que en los últimos años lo más difícil han sido los despidos, que en su mayoría se dan por caprichos ideológicos. Montes destacó el caso de arresto de directivos del Sindicato de Trabajadores Municipales de Santa Tecla, quienes protestaban por los más de 100 realizados por el edil Roberto d’Aubuisson y a quienes apoyan de forma jurídica. “El agravante es porque están protestando por un derecho genuino, como lo son los derechos de los trabajadores”, señaló el titular de AGEPYM, entidad que por 52 años ha luchado junto a la clase trabajadora de El Salvador.
El artículo 7 de la Constitución de la República indica que “los habitantes de El Salvador tienen derechos a asociarse libremente y a reunirse pacíficamente y sin armas para cualquier objeto lícito”.
“Antes se creía que ser sindicalista era ser siempre de choque. Hay muchas formas de hacer lucha sindical y como última instancia es tomarse las calles y las instalaciones de una institución, pero el primer paso es solicitar una audiencia y si no se accede vienen las presiones. Además, un sindicato debe tener autonomía y no debe estar al servicio ni a la orden de una institución política para no desnaturalizar la lucha”, concluyó.
Entre las peleas de AGEPYM destacan no permitir la privatización de la salud y la implementación de medidas económicas y privatizadoras promovidas por los primeros gobiernos de la derecha. Y continúan en la lucha para no permitir que el agua sea privatizada.
Aseguró que aunque han sido muchos los logros, como el reconocimiento del 31 de octubre de cada año como Día Nacional de la Persona Sindicalista, todavía hay retos que enfrentar, entre ellos, los vacíos con los que cuenta la legislación salvadoreña.
En junio del año pasado presentaron una pieza de correspondencia en la Asamblea Legislativa para pedir día de asueto cada 31 de octubre y conmemorar la fecha con mayor relevancia.
