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@RosmeriAlfaro
El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de El Salvador (STEES), del ITCA-FEPADE, pidió el reinstalo de integrantes de la junta directiva a sus puestos de trabajo, el pago de salarios adeudados y respeto a la organización sindical.
Ocho son las personas trabajadoras que fueron despedidas “arbitrariamente” el 1 de julio del año 2016, por la Junta Directiva del ITCA-FEPADE.
El sindicato señaló que la negativa de los funcionarios a no reinstalar a los despedidos, violenta el derecho constitucional del fuero sindical contemplado en el Código de Trabajo y la Constitución de la República.
“Con el no reinstalo de los despedidos y no pago de los salarios no devengados por causas imputables al patrono, las autoridades quieren asegurarse que los trabajadores no se unan a la seccional, ya que perderán sus puestos de trabajo”, dijo Raúl Sigüenza, secretario general del STEES.
El adeudo a las personas trabajadoras asciende los 75,000 dólares.
De acuerdo con la titular del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) Sandra Guevara estos despidos son una violación a los Convenios 87 y 98 de la OIT, sobre la libertad sindical.
Para buscar una solución por la vía del diálogo al conflicto laboral, la cartera de Estado realizó 8 citatorios con el fin de acordar el reinstalo de los directivos sindicales, sin embargo, la representación de ITCA/FEPADE únicamente asistió a 3, aduciendo que los casos ya estaban judicializados en la cámara segunda de lo laboral en Santa Tecla. De igual forma, el MTPS realizó 4 inspecciones y 15 visitas para la verificación de los actos denunciados contra la libertad sindical, que incluye el despido de personas directivas sindicales y discriminación a las mismas. En sus visitas, el ministerio evidenció el incumplimiento a normativa laboral relativa a la no elaboración de contratos individuales de trabajo para 29 personas que laboran como docentes en ITCA/FEPADE.
De no reinstalar a los sindicalistas, comunicó el MTPS, se procederá al acto penal, que es el pago de una multa de $57.14 por cada empleado por el incumplimiento a lo establecido en las actas.
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