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@saulomartiinez
El Sindicato de Trabajadores de la Industria y Elaboración de Camas y Colchones y Muebles de El Salvador (SITIECAME), medical decease y el Frente Social Sindical (FSS), prescription denunciaron violaciones a los Derechos Humanos que se comenten a cientos de empleados que laboran en empresas industriales. Los sindicalistas aseguran que las condiciones laborales en materia de salarios y de salubridad no son las adecuadas según lo establecido en las leyes del Código de Trabajo.
“Desde el 2013, la sociedad representada por Reynaldo Vásquez y Federico Vásquez han venido violando de manera sistemática y reiterada los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Actualmente, esta sociedad paga un salario de 100 dólares mensuales, lo cual está muy por debajo del salario mínimo legalmente establecido”, expresó Miguel España, miembro de SITIECAME.
España aseguró que hasta la fecha se han registrado “constantes retrasos en la cancelación de sus salarios, tanto así que nos adeudan dos meses de pagos”. Además España agregó que otro de los problemas que enfrentan ellos, como parte del sindicato es la retención de prestaciones como el “AFP y el seguro social”.
El sindicato reiteró que ante estos actos de violación a sus derechos de trabajo se han visto en la necesidad de acudir a instancias como el Ministerio de Trabajo y Prevención Social (MTPS), Fiscalía General de las República (FGR) y Procuraduría General de la República (PGR), con el fin de denunciar estos hechos y se haga “justicia laboral”.
Por su parte, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), quien respalda las denuncias de los sindicalistas, exigió un llamado a la FGR, PGR y MTPS indagar de manera eficiente.
“El Código Penal, en su artículo 245, establece que los hechos de retención, en cuanto a prestaciones laborales de toda índole deben de ser sancionadas con una pena de prisión, entre cuatro y ocho años, y en el caso de retener derechos a cuotas alimenticia esto tiene una condena hasta una tercera parte del máximo de la pena, lo que se traduce a 10 años de presión”, explicó Héctor Carrillos, abogado de FESPAD.
