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@RoxmeryLopez
Los representantes del Sindicato de Trabajadores Penitenciarios (SITRAPEN) solicitaron al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores de la Dirección General de Centros Penales (DGCP), remedy cialis sale así como la evaluación del desempeño de algunos funcionarios de dicha institución.
Los sindicalistas exigen a Benito Lara, ministro de Justicia y Seguridad Pública, la destitución de Rodil Fernando Hernández Somoza, director general de Centros Penales, a quien responsabilizan de acosarles laboral y sexualmente.
“Lamentamos que se haya ignorado la petición de cientos de compañeros que firmaron y que tuvieron la valentía para expresar el desacuerdo con el nombramiento, nuevamente, del director general de Centros Penales”, manifestó Saira Cruz, secretaria de conflictos laborales del SITRAPEN.
“Aquí una señorita no puede ascender sino pasa por acosos, ya que los que pueden ascender, lo logran, o porque son familiares o porque se someten a este tipo de acosos sexuales”, aseveró Cruz.
El SITRAPEN ha presentado a Hernández un contrato colectivo, ya que afirman, “él está en contra de la clase trabajadora”.
Asimismo, mencionaron que la única respuesta recibida ha sido de violencia en sus espacios laborales.
Asimismo, exigen a Hernández que brinde mayor seguridad a los empleados de Centros Penales, ya que arriesgan sus vidas ante la delincuencia a la que se enfrentan a diario; ya que procuran la Seguridad Nacional por medio del estricto resguardo que proporcionan en los Centros Penales.
Por su parte, Hernández ha manifestado su interés por negociar con el SITRAPEN para llegar a un consenso, por las denuncias citadas con anterioridad. Sin embargo, los sindicalistas toman esta “negociación” como una burla.
“Estuvimos en Casa Presidencial, en donde nos atendió alguien de alto cargo y nos aseguró que llevaría nuestro clamor en cuanto a la no ratificación que estamos exigiendo por Rodil Hernández”, comentó René Amaya, secretario de organización de SITRAPEN.
Por consiguiente, exigen a Lara que rectifique su decisión de nombrar a Rodil Hernández, nuevamente, como director de Centros Penales.
“Exigimos que lo quiten, y antes de poner a alguien que lo investiguen para ver de quién se trata”, exclamó la dirigente Saira Cruz.
Asimismo, destacaron que hay empleados que no gozan del derecho al Seguro Social, que perciben $200.00 mensuales de salario lo que no les alcanza para mantener a sus familias ni cubrir el costo actual de la canasta básica. “Rodil Hernández beneficia a los delincuentes teniéndolos un año en los hospitales, cuando ellos deberían de estar cumpliendo su sentencia en las bartolinas”, afirmó Cruz.
Los sindicalistas afirman que poseen el registro de 13 familiares de Hernández que están laborando en cargos relevantes dentro de los Centros Penales.
