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Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
Trabajadores aglutinados en el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (SEPRODEHES) solicitaron a la Fiscalía General de la República (FGR), en Antiguo Cuscatlán una audiencia con el fiscal general Raúl Melara, y conocer el avance del proceso de antejuicio contra la procuradora de Derechos Humanos Raquel Caballero de Guevara. De acuerdo a lo expresado por los manifestantes, la Asamblea Legislativa abrió expediente contra Caballero de Guevara en enero de este año, mismo que fue remitido a la FGR en el mes de febrero, para que esta determinara si había lugar para la apertura de un antejuicio contra la funcionaria.
“El procedimiento indica que los diputados deben escuchar la opinión técnica de Fiscalía, para constatar que existen causas para iniciar un antejuicio; con la opinión de la FGR se conforma una comisión especial que establecerá que la procuradora sea desaforada y enjuiciada”, detalló Guillermo García secretario de conflictos de SEPRODEHES.
A la fecha no tienen conocimiento de cómo avanza el proceso que busca emplazar a la procuradora de Derechos Humanos, quien finalizará su gestión al frente de la entidad el próximo 21 de septiembre.
Carlos Solórzano miembro de SEPRODEHES afirmó, que en julio de 2017 fue cesado de su cargo como coordinador de las unidades juveniles de difusión de derechos humanos de manera arbitraria; asimismo denunció que la procuradora ha contratado hasta 75 personas en la institución, sin el debido concurso que mandata la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.
Caballero de Guevara ha sido sentenciada por el Tribunal de Ética Gubernamental, tras constatar la práctica de nepotismo (contratación familiares) durante su administración, además ha desatendido el fallo del Tribunal de Servicio Civil que dictaminaba la restitución de algunos trabajadores cesados.
Los sindicalistas piden que a la procuradora se le retire el fuero constitucional, y sea procesada penalmente por delitos como actos arbitrarios, incumplimiento de deberes, difamación y coacción a la libertad sindical en perjuicio de los trabajadores y trabajadoras de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
Semanas atrás diputados iniciaron el proceso de elección del nuevo titular de la PDDH, haciendo la convocatoria a aspirantes para que presenten sus hojas de vida, “a los diputados les decimos que no se vayan a volver a equivocar eligiendo una persona que no es la idónea, ya es tiempo que salvemos a la institución”, comentó Solórzano.
