Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Diversas organizaciones sindicales afines al Gobierno se concentraron en las afueras de la Asamblea Legislativa para respaldar las decisiones de los nuevos parlamentarios, entre ellas la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y fiscal general, acción que fue ejecutada el pasado sábado en su primer día del trabajo legislativo.
Jaime Ávalos -secretario de la Federación Sindical de Trabajadores Democráticos de El Salvador (FSTD)- comentó que la actual Asamblea «solo ha ejecutado el mandato del pueblo salvadoreño expresado en las urnas el 28 de febrero».
Ávalos comentó que quieren “un cambio para El Salvador, ya no queremos esa Sala corrupta, ya no queremos un fiscal mafioso como Raúl Melara”.
Los parlamentarios de Nuevas Ideas, GANA, PDC, PCN destituyeron a los magistrados de la Sala por las “inconstitucionalidades que emitió a los decretos ejecutivos durante la pandemia en 2020, y al fiscal general por tener supuestos vínculos partidarios con ARENA”.
«Nuestro país lleva décadas añorando que se aplique una verdadera justicia, que hayan funcionarios probos y dignos que permitan realmente generar una mejor imagen a nuestro país, por lo tanto, esta Asamblea solo ha ejecutado el mandato del pueblo», agregó.
La comunidad internacional y organismos nacionales pro democracia y derechos humanos, han condenado la destitución de los magistrados de la Sala porque se rompe el equilibrio de poderes, como establece la Constitución.
La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris dijo que su país debe responder ante esta situación.
Al respecto, Ávalos hizo un llamado a la comunidad internacional a que no tengan injerencia en las decisiones de El Salvador. “Las decisiones que se están tomando acá, son decisiones plenamente del Estado y pueblo salvadoreño”, expuso.
De igual forma, respaldaron la elección de los nuevos funcionarios con vínculos con el Ejecutivo, ya que Héctor Nahúm Martínez, el electo magistrado propietario de la Sala de lo Constitucional, fue el abogado defensor del exviceministro de Seguridad y actual director de la PNC, Arriaza Chicas, en la comisión de antejuicio, mismo papel que tuvo el ahora fiscal general de la República, Rodolfo Delgado.
Al respecto, la valoración que hicieron estos sindicatos fue que los abogados antes mencionados, hicieron “una legítima defensa como abogados”.
También manifestaron que el hecho de ejercer el derecho de un abogado y notario no tiene nada que ver a la hora de representar un cargo público”.
Misma opinión compartió Ricardo Monge, del Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (STISSS), quien aseguró que ser defensor de cierta persona “no se daña la honorabilidad“, de igual forma, comentó que toda persona tiene derecho a ser simpatizante de un determinado movimiento político.
Agregó que en varias ocasiones también se manifestaron en las afueras del centro de Gobierno para exigirles a la Sala de lo Constitucional una cuarentena estricta, porque afirmó que “cientos” de compañeros fallecieron, entre enfermeras, médicos, personas de servicios de apoyo, entre otros. Por tal razón, es que apoyaron la decisión de los 64 diputados que votaron para destituir y nombrar a unos nuevos funcionarios.
