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Daniel Trujillo | @Datrusa
Los sindicatos del país le solicitaron al gobierno una reunión para conocer cuál es el impacto en las finanzas públicas de la medida cautelar emitida por la Sala de lo Constitucional, ampoule que le impide al órgano Ejecutivo utilizar $900 millones en títulos y ocuparlos para financiar programas sociales y de seguridad pública.
El presidente de la Confederación Sindical de Trabajadores de El Salvador (CSTS), medical Santos García, aseguró a Transparencia Activa que el encuentro sostenido a inicios de la semana pasada fue pedido por los sindicatos, con el objetivo de informarse sobre los efectos del recurso de inconstitucionalidad aceptado por la Sala de lo Constitucional, y no para organizar una serie de actividades de protesta en contra de los magistrados, tal y como lo afirmó el presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Javier Simán.
“La reunión fue a petición nuestra, a petición del movimiento sindical, queríamos saber qué había pasado y desde nuestro punto de vista es condenable la actitud de los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional. Es condenable, es sospechosa, es reprochable”, afirmó García.
El secretario general del Sindicato de la Industria Eléctrica de El Salvador (SIES), Joselito Acosta Álvarez, dijo que “la reunión, en ningún momento fue programada por el gobierno, fue solicitada por nosotros como movimiento social y sindical”.
“En ningún momento era, como por ahí se ha dicho, que se iban a diagramar actividades de calle o de denuncia pública, no”, subrayó Álvarez.
En el encuentro desarrollado la semana pasada, el viceministro de Ingresos, Orlando Rivera, explicó que la medida cautelar impacta en el financiamiento de dotación de equipo para la Policía Nacional Civil, así como en el desarrollo de programas sociales sensibles.
Mientras, el Secretario de Participación y Transparencia, Marcos Rodríguez, dijo que informarles a los sindicalistas sobre esta situación es una responsabilidad del Ejecutivo y una forma de transparentar el estado de las finanzas públicas.
El secretario general de la Unión de Empleados Públicos (UNEP), Carlos Manuel Henríquez, dijo, por su parte, que el encuentro se desarrolló para que los trabajadores escucharan el punto de vista del gobierno sobre la medida cautelar.
“Fue una reunión para conocer los puntos de vista”, recalcó Henríquez.
Mientras, Francisco García, representante de la Concertación Popular por un País sin Hambre y Seguro (CONPHAS), afirmó que como organizaciones tienen derecho a informarse sobre lo que pasa en el país, especialmente en las finanzas públicas.
De hecho, García dijo que las declaraciones del presidente de la ASI tienen como objetivo desviar la atención de la gente para que se concentre en otros temas y no en los importantes que afectan al país. Agregó que en los gobiernos anteriores no se les informaba sobre el quehacer gubernamental y que ahora ya son tomados en cuenta para que se les escuche sus puntos de vista de la situación nacional.
