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Ayer hubo dos manifestaciones de representantes de la clase trabajadora, una, para exigir al Gobierno beneficios laborales, y la otra, para exigirla a la Sala de lo Constitucional que ya no sigan respondiendo a los intereses de la ANEP y ARENA, y por tanto, en contra de un posible golpe de Estado, como los dados en Brasil.
Los marchistas que exigen beneficios son de los ministerios de Salud y Educación, así como un grupo de ex combatientes.
En el caso de los trabajadores de la Salud y Educación, los que abandonaron los hospitales y algunas escuelas, abanderan el escalafón.
Los de educación, en principio, no deberían salir a la calle para reclamar el escalafón del próximo año, pues, ya está contemplado en el presupuesto de 2017, y así lo ha hecho ver el ministerio de educación y una decena de representantes sindicales de esa cartera de Estado.
En el caso de los trabajadores de la Salud, si bien es cierto, existe el peligro de que el escalafón no se haga efectivo el próximo año, por falta de fondos y porque favorece a los que más ganan, afectando así a la gran mayoría de los trabajadores de salud.
ARENA, por su puesto, con sus declaraciones, alienta las medidas de presión de los trabajadores de la salud, pese a que en privado admiten que dicho escalafón es un absurdo, pues es ilimitado, y tarde o temprano el Estado no podrá pagar dicho compromiso.
Desgraciadamente, los dirigentes sindicales se niegan a discutir con frialdad y seriedad este tema con el Gobierno, a pesar de que conocen la realidad fiscal del país. A pesar de que saben, que gracias a las resoluciones de la Sala de lo Constitucional y a la negativa de ARENA de dar votos para más bonos o préstamos, el Gobierno está ahogado financieramente.
Es decir, los dirigentes sindicales de Salud y Educación deberían enfocar su protesta, en primer lugar, contra la Sala de lo Constitucional, por mantener esa sistemática línea de desfinanciar al Gobierno, primero, cuando le declararon inconstitucional, después de más de un año, los 900 millones de dólares en bonos.
Luego, cuando le declararon inconstitucional la forma de llevar fondos al FONAT, pero, le dejaron la obligación al gobierno. Luego, cuando declararon inconstitucional una amnistía para los contribuyentes morosos, lo que ha impedido que el fisco reciba cerca de 300 millones de dólares, entre otras actuaciones de la Sala.
Los sindicalistas de la Salud y de Educación obvian esta realidad, lo que hace sospechar que podrían formar parte de la agenda desestabilizadora que desarrolla la ANEP, ARENA y la Sala de lo Constitucional.
Esto lleva a pensar, que algunos dirigentes sindicales podrían estar siendo manipulados, y estos a su vez manipulando a los trabajadores.
Otras gremios y movimientos sociales han entendido el papel desestabilizador de la Sala, ANEP y ARENA, por eso, cada jueves, se concentran frente a la Corte Suprema de Justicia, a pedirle a los magistrados de la Sala no generar más desestabilización en el país. Y ayer no fue la excepción, por eso varios miles de trabajadores marcharon contra la Sala.
