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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Representantes de varias organizaciones de trabajadores que conforman la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños (CNTS) se concentraron frente a la Asamblea Legislativa, para manifestar su rechazo a una de las más recientes decisiones del órgano Legislativo, respecto a iniciar el estudio del anteproyecto de Ley del Servicio Público. Los integrantes del colectivo sindical sostuvieron que los políticos no toman en cuenta a la clase trabajadora en las decisiones de aprobar o no leyes, que al final causan impacto en la población; en el caso de la iniciativa en estudio, las gremiales sostienen que afectará a más de 30,000 familias.
“Si continúan aprobando propuestas de decretos que atenten contra el derecho laboral, vamos a poner las demandas en todas partes; y aquí no salen afectados solo ellos, sino el gobierno porque serán en contra del Estado”, dijo Roberto Gómez, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda (SITRAMHA).
Gómez hizo el llamado a los diputados a buscar la vía del diálogo social para llegar a acuerdos y aprobar este tipo de normativas, y no hacerlo con prepotencia como se hizo hasta la fecha.
Para los trabajadores la justificación de los representantes del equipo impulsor de la Reforma a la Función Pública, respecto a que la iniciativa en cuestión contribuirá a la profesionalización de los empleados del Estado, y eliminará el nepotismo es una falacia, ya que lo que hace es legalizarla.
“Son unos mentirosos porque cómo van a acabar con el nepotismo, si todos los familiares de funcionarios ya están dentro de las instituciones de gobierno; si aprueban esa ley legalizarán el nepotismo existente y galopante en todo el aparato estatal”, sostuvo Roswald Solórzano, secretario general del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Órgano Judicial (SITTOJ).
Solórzano indicó que las justificaciones expuestas por el equipo impulsor representan un gancho para engañar a la población salvadoreña, a quien le han inculcado que los empleados públicos son incompetentes.
Las gremiales sindicales sostuvieron que quienes defienden y promueven la aprobación de la reforma a la función pública son financiados por la Embajada de Estados Unidos, cuyo interés es que El Salvador se convierta en el décimo octavo país donde se implementa esta legislación.
Ambos representantes sindicales coincidieron en que el objetivo real de la iniciativa de ley, que no solo afectará a los empleados públicos sino también al sector privado, es precarizar el empleo y aniquilar la estabilidad laboral.
Las organizaciones sindicales llamaron a los trabajadores a unirse y luchar contra esta legislación, impulsada por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) a solicitud del Fondo Monetario Internacional (FMI).
