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AFP
Los principales sindicatos y movimientos sociales tomarán las calles este miércoles y jueves tras convocar una huelga general que amenaza con avivar las masivas protestas que hace seis días golpean a Chile, pese a que el presidente Sebastián Piñera pidió perdón y anunció medidas para frenar la convulsión.
«¡LA HUELGA VA! Lo decimos fuerte y claro: ¡Basta de alzas y abusos!», indicó en un mensaje en Twitter la noche del martes la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el sindicato más poderoso de Chile.
El paro fue convocado por una veintena de organizaciones de trabajadores y estudiantes que repudian la decisión de Piñera de poner al país en estado de emergencia y toque de queda, y recurrir a los militares para controlar las manifestaciones, incendios y saqueos registrados en Santiago y otras ciudades, que dejan al menos 15 muertos -entre ellos un peruano y un ecuatoriano- en la peor ola de violencia en Chile en tres décadas.
«Demandamos al gobierno restituir la institucionalidad democrática, que en primer lugar significa deponer el estado de emergencia y devolver los militares a sus cuarteles», indicó un comunicado de los movimientos, difundido el martes.
Los operarios portuarios paralizarán las localidades costeras y los poderosos sindicatos de las mineras de cobre –del cual Chile es el mayor productor mundial- analizaban su adhesión.
– Perdón –
Los sindicatos coinciden con el descontento social instalado en Chile, uno de los países más desiguales del mundo, que se encendió por el alza -luego suspendida- de 3,75% del precio de la tarifa del metro en Santiago, pero derivó en un mayor movimiento que pone sobre la mesa otras demandas sociales: sobre todo las bajísimas pensiones del sistema privado que se mantiene como herencia de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Un estudio divulgado este miércoles por la empresa Ipsos, indica que 67% de los encuestados «se cansaron de sus condiciones de vida en materia económica, de salud y pensiones», que perciben como «desiguales e injustas».
Jaqueado por una indignación popular que parece lejos de aplacarse, Piñera pidió «perdón» el martes en la noche y reconoció su «falta de visión» para anticipar el estallido, cambiando el tono dos días después de afirmar que el país estaba «en guerra».
El mandatario además anunció un paquete de medidas, entre ellas mejorar las pensiones de los más pobres, suspender un aumento del 9,2% de las cuentas de la luz, complementar el salario mínimo, establecer un seguro para la compra de medicamentos y la imposición de mayores impuestos a sectores de mayores ingresos.
También planteó reducir las dietas de los parlamentarios y altos sueldos de la administración pública, junto a la disminución del número de congresistas y limitación de reelecciones.
Pero los sindicalistas exigen que se instaure una agenda social desarrollada junto a las organizaciones de base.
«Lo importante es que haya un cambio radical de nuestra institucionalidad política que está cuestionada, está en crisis. Hoy veremos la respuesta de la sociedad civil si está conforme o no con el anuncio del presidente», dijo a radio Cooperativa Camila Vallejo, exlíder estudiantil y diputada del Partido Comunista.
– Miércoles de desafíos –
La crisis complica el normal desarrollo de las actividades de los 7,5 millones de habitantes de Santiago, donde el transporte público se restablece poco a poco.
Las filas se multiplicaban frente a las estaciones del metro que este miércoles habilitó parcialmente tres líneas, apoyadas por cerca de 5.000 autobuses y taxis. En tanto, comercio y bancos funcionan de manera intermitente, mientras las clases seguirán suspendidas en siete de las 52 comunas capitalinas.
«Me cuesta mucho irme del centro en la tarde, está muy difícil y lo peor es que no creo que pase tan pronto. No creo que sirva de mucho lo que dijo Piñera, porque hoy se va a movilizar más gente y van a seguir los disturbios», dijo a la AFP Karla Araneda de 38 años, empleada de un comercio ubicado a pasos de la casa de gobierno.
Durante la madrugada, Santiago y otra decena de ciudades vivieron el cuarto toque de queda desde que comenzó el conflicto. Unos 20.000 militares y policías realizaron controles a vehículos y personas, mientras se registraron disturbios y accidentes aislados.
Cientos de chilenos residentes en países como Argentina, Francia y España también salieron a las calles con banderas y lienzos para apoyar las manifestaciones.
En tanto, el papa Francisco manifestó su preocupación por la crisis y llamó a «encontrar soluciones» a través del diálogo.
El estallido social suma 15 fallecidos, cuatro por balas disparadas por fuerzas de seguridad, según el gobierno y la Fiscalía.
Unas 269 personas han resultado heridas –137 por armas de fuego– y cerca de 1.900 han sido detenidas, según un último reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
