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Licenciada Norma Guevara de Ramirios
El jueves 20 de enero pasado, familiares, amigos y compañeros de los presos, presas y perseguidos políticos, se concentraron en una vigilia frente al centro judicial Isidro Menéndez.
La vigilia sirvió de marco para denunciar y poner en evidencia la injusticia que cometen jueces impuestos por la reforma judicial, promovida por diputados oficialistas al servicio del presidente Bukele.
36 velas encendidas representaban a las 36 personas, entre detenidas unas y con órdenes de capturas otras, sin fundamento valedero para su captura o persecución, pero sí objetos del odio.
Representantes del Comité de Familiares de Presas, presos y Perseguidos Políticos de El Salvador (COFAPPES), denunciaron que hace cinco meses, los abogados de la Doctora Erlinda Hándal, la Doctora Violeta Menjívar, los licenciados Carlos Cáceres, Calixto Mejía y Hugo Flores, presentaron una petición para que sean juzgados en libertad, lo que la ley permite cuando existen probadas evidencias de arraigo, familiar, laboral, social y, además, condiciones de salud que lo justifiquen.
Esta petición, que de acuerdo a las leyes debe ser resuelta con prontitud, fue resuelta negativamente y con retardo, el 18 de enero pasado, la firmaron los jueces Anibal Enrique Alfaro Ojeda y Mario Osmín Miramonte.
Estos jueces ocupan hoy la posición en la Cámara Segunda de lo Penal, en virtud de los movimientos hechos por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), después que se emitiera la reforma a la ley de la carrera judicial, con el cual se declara corruptos a los jueces mayores de 60 años.
Esa ley facilitó a la Corte Suprema destituir a un tercio de jueces y le facilitó realizar nombramientos y traslados, sin observar regulaciones contenidas en la ley del Consejo Nacional de la Judicatura y la propia Ley de la Carrera Judicial.
El haberse aprobado un decreto que obligó a retirarse o a destituir un tercio de la planta judicial y, a promover, sin cumplir los mecanismos que mandan las leyes, da pie para pensar que quienes asumen esos cargos estén en los mismos por simple compadrazgo político para ejecutar una política alineada al régimen autoritario que hoy tenemos.
Es en ese contexto que se explica que desatiendan razones legales y hayan reafirmado la detención provisional de los cinco ex funcionarios del gobierno anterior. COFAPPES también denunció, en esa vigilia, el incumplimiento de orden de libertad dada por el juzgado segundo de instrucción en favor del ex ministro Ramírez Landaverde y Ramón Fernando Roque, para que continúen su proceso en libertad.
En verdad, la concentración del control de los órganos de gobierno en manos de una misma persona, deja a la ciudadanía sin garantías de gozar de justicia imparcial, y coloca a los operadores de justicia como verdugos, actuando contra los opositores al régimen y ante cualquier crítico a este régimen.
Las repercusiones de este control monopólico del estado y, en particular, del sistema de justicia, daña en todos los órdenes de la vida, incluso la actividad económica se torna insegura y, a la larga, como siempre, la mayoría es la que paga las consecuencias.
Ahora se ensañan con algunos, pero incluso a los propios seguidores de su partido, como los diputados desaforados, ilustran que se carece de garantías para cumplir derechos y para recibir justicia.
Por eso se requiere sensibilidad ante la persecución política y ante la violación de derechos humanos. Los mecanismos legales y los roles diferenciados de las distintas instancias del estado deberían asegurarlo.
Esa dignidad humana es destruida ante la sociedad, con el uso de la maquinaria de propaganda gubernamental, a la vez que las instancias fiscales y judiciales operan como verdugos.
Las doctoras Violeta Menjívar, Erlinda Hándal; los ex funcionarios Calixto Mejía, Carlos Cáceres, Hugo Flores y toda la lista de procesados, prisioneros y perseguidos políticos, son personas con conocimientos y experiencia de gestión pública, cuyas voces estarían criticando las acciones erráticas del actual gobierno, por eso se callan mediante la instrumentalización del sistema judicial.
Los principios de inocencia, los derechos de una persona detenida, el debido proceso, son violados y para que estos hechos trasciendan lo menos posible, se condiciona y presiona a medios no afectos y se persigue a periodistas.
Es hora de apelar a la justicia internacional, para asegurar que en el futuro, quienes hoy cometen tanto atropello, puedan responder por sus acciones ilegales y su servilismo.
El comité de familiares de presas, presos y perseguidos políticos, es una instancia que emerge con la fuerza moral que nace de la seguridad de la inocencia y de la injusticia que comete el Estado contra estas y estos profesionales, que han servido a la sociedad de una manera correcta.
Los integrantes del sistema de justicia deben reflexionar y atender el llamado a impartir justicia con independencia, pues, al dejarse manipular les convierte en violadores de la ley, como despreciables funcionarios a los que la sociedad, unos más temprano, otros más tarde, señalarán y condenarán.
