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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
“Estamos preocupadas por la reserva del juicio de Pablo Henríquez, agresor sexual de Imelda Cortez”, dijo Alejandra Burgos, de la Red de Defensoras, al considerar que el sistema de justicia actúa de manera incoherente, al ocultar de la ciudadanía y medios de comunicación el proceso judicial contra el imputado que abusó durante siete años a su hijastra.
“Imelda es una sobreviviente de violencia sexual continuada”, espetó Burgos, al recordar que desde los 12 años de edad Imelda fue violada sexualmente de forma continuada por su padrastro, quien amenazó su vida y la de su familia.
De este ultraje infantil, Imelda sufrió un embarazo impuesto por su agresor y 20 meses de reclusión, acusada por la Fiscalía de querer matar a su hija recién nacida el 21 de abril de 2017, cuando sufrió un parto extrahospitalario.
“Imelda fue acusada y criminalizada por la Fiscalía que activó el sistema judicial de manera eficiente y rápida para acusar a Imelda, pero en el espacio en que ella es víctima, presentando su denuncia cinco días después de ser detenida en el hospital, esa misma Fiscalía tardó un año para llevar a Pablo Henríquez, su agresor, a la detención. Eso solo demuestra nuestra preocupación que la Fiscalía sea ineficaz en la búsqueda de justicia para las mujeres”, manifestó.
A ese comportamiento del ente fiscal, afirmó Burgos, se encuentra el trato insensible y sesgado de la fiscal asignada al caso de Imelda, quien se negó a que le practicaran la prueba de ADN (prueba genética), para comprobar que la víctima había sufrido violencia sexual y establecer la paternidad del acusado.
“Queremos que la Fiscalía cumpla su mandato constitucional y garantice el acceso a la justicia y se lleve a cabo el debido proceso y se condene a la pena máxima a esta persona, que es un agresor sexual. Que de salir libre puede seguir cometiendo este tipo de abusos contra niñas y niños”, sostuvo.
Asimismo, Keyla Cáceres, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, expresó que dado que Pablo de Dolores Henríquez Ayala cometió violación en una menor incapaz, agravada y continuada. Exigen como organizaciones de mujeres y de derechos humanos que el agresor pague en concepto de indemnización civil a favor de Imelda el monto de 50 mil dólares, más las respectivas costas procesales.
“Nosotros queremos que toda la ciudadanía conozca cómo se juzga a este agresor, en ese sentido pedimos a los medios de comunicación, a la ciudadanía, que se hagan presentes ante la denuncia pública ante esa reserva que se ha impuesto a petición de la Fiscalía, que no tiene argumentos jurídicos para impedir que las organizaciones sociales no estén presentes para seguir el debido proceso, porque solo refleja una mordaza a la libertad de conocer la verdad”, consideró.
