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Licda. Norma Guevara de Ramirios
@guevara_tuiter
Cuando se habla de gobierno es lógico referirse al quehacer de las más diversas entidades del Estado, clinic esto abarca a los jueces, store magistrados, case fiscales, concejos municipales, es decir todo lo que implica una obligación pública; pero en la crítica mediática se suele reducir al quehacer del Órgano Ejecutivo, se ataca a la Asamblea Legislativa, pero muy raramente los grandes medios de comunicación critican y auscultan los vicios recurrentes del sistema judicial. La semana recién pasada ha sido visiblemente activa, pero el factor de ese activismo radica en la actitud de la ciudadanía frente a la conducta de los jueces y fiscales que claramente actúan favoreciendo a imputados si su origen o su vinculación laboral está asociada al poder económico y la derecha.
Durante la semana se escuchó repetidamente como estribillo la frase del Presidente Honorario del COENA, Francisco Flores Pérez cuando afirmó “vengo voluntariamente a presentarme”, y el énfasis de esa repetición buscaba presentarlo como acto de nobleza, inocencia o valentía, parecía que los comunicadores olvidaron para siempre que pesa sobre él la acusación fiscal por tres delitos, pero que además la Fiscalía no le reclama el delito de lavado de dinero señalado por la Comisión Especial que investigó el destino de los fondos donados por Taiwán. Según esa Comisión fueron alrededor de 70 millones de dólares sin tomar en cuenta otro señalamiento hecho por el ex presidente del partido Arena, Antonio Salaverría, quien declaró que hubo un donativo de cien millones de dólares para fortalecer el cultivo del café, del cual tampoco está claro en qué se usó.
Los reclamos y la indignación de la gente, especialmente jóvenes y trabajadores organizados contribuyó a que una cámara revirtiera la decisión del Juez Italmir Orellana de dar al ex presidente Flores Pérez, la casa por cárcel, lo cual muestra la benevolencia con personas areneras pese a la contundencia de los delitos señalados y el daño ocasionado a los sectores más necesitados de nuestro país que fueron víctimas del terremoto o para quienes se procuraba apoyar con proyectos de desarrollo que nunca llegaron a su destino.
Ahora falta ver que curso seguirá la demanda de destituir al Juez que lleva el caso de Francisco Flores, o que la continuidad del juicio sea transferido a otro juzgado. No pasa inadvertido por el pueblo que casos de alta resonancia fueron declarados sin lugar por el mismo juez en el pasado reciente, es razonable la preocupación de que ese juez dejaría impune los delitos cometidos por el ex mandatario arenero.
Por otra parte, la Sala de lo Constitucional haciendo uso de la tradición anunciada por uno de sus integrantes de convertir los días viernes en “Día de Sentencias”, anunció el viernes 19 de septiembre la admisión de dos demandas de inconstitucionalidad, una contra la Ley de Transferencias Bancarias aprobada el 31 de julio, y la otra contra el artículo 151 del Código Tributario referido al pago anticipado del impuesto sobre la renta.
Las actuaciones de la Sala de lo Constitucional reflejan con claridad su beligerancia, su prontitud frente a demandas de personeros del gran capital, no solo en la admisión sino en su resolución, sean estas de interés claramente económico o de naturaleza política para favorecer los intereses y creencias de ese segmento minoritario de la sociedad.
Sí la sala diligencia con esa velocidad, se dejaría al país desprovisto de recursos que legítimamente deben cobrarse para disminuir la regresividad del sistema tributario, sí se sigue por ese camino la Sala de lo Constitucional colocaría al país en un estancamiento, negando la posibilidad de que paguen más tributos quienes tienen mayor capacidad de contribuir.
La impunidad es una lacra, quienes cometen delitos quedan sin pagar por ellos en la mayoría de ocasiones, de manera que urge un cambio en el sistema de justicia, vale decir en las instituciones que lo conforman: los jueces, magistrados, fiscales, procuradores y todos los servidores del Órgano Judicial, Fiscalía y Procuraduría General de la República. Los hechos de la semana muestran la benevolencia del sistema judicial, su parcialidad con personas vinculadas al poder económico, a la derecha y a la beligerancia de los supremos jueces cuando se trata de cuestionar el pago de tributos necesarios para cumplir las funciones y fines del Estado, especialmente de aquéllas políticas orientadas a favorecer la justicia social, financiar los programas y políticas sociales que ayudan a sacar adelante a familias y personas más necesitadas.
Pese a la parcialidad de jueces, la población es cada vez más capaz de ver y juzgar, en consecuencia de urgir un cambio al sistema judicial para poner fin a la impunidad.
