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Un cuarto de siglo después de la firma de los Acuerdos de Paz, El Salvador enfrenta una serie de desafíos democráticos que demandan reformas al sistema político y electoral.
Félix Ulloa, ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), dijo que la cruda guerra civil que abatió el país por más de una década, tuvo sus causas fundamentales en la injusta estructura económica y,social, que sostenía un sistema de acumulación semi feudal y oligárquico, manteniendo a fuego y sangre, mediante un régimen de dictadura militar.
“La guerra se desencadenó a inicios de los años 80´s por los escandalosos fraudes electorales de 1972 y 1977 cuando las fuerzas democráticas y revolucionarias que promovían el cambio de régimen mediante las reglas del juego político-electoral de las democracias liberales, comprobaron que el régimen autoritario no cedería el ejercicio del poder público, bajo el esquema de la alternancia;democrática. La lucha armada cobró entonces, carta de innegable legitimidad”, afirmó Ulloa.
Como resultado de la Ofensiva “Hasta el tope” del FMLN lanzada el 11 de noviembre de 1989 que puso en jaque al régimen salvadoreño, se demostró que una victoria militar del ejército apoyado por los Estados Unidos no solo no era posible, sino que el Frente era capaz de mantener posiciones en todo el territorio nacional incluyendo importantes ciudades en los departamentos y amplias zonas de la capital.
Según Ulloa, entre las reformas de 1991 se destaca la sustitución del Consejo Central de Elecciones por un Tribunal Supremo Electoral, la creación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), la Policía Nacional Civil (PNC) reformas al sistema de elecciones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y reestructuración del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ).
También se tomaron en cuenta varias novedades que le darían al sistema electoral y al sistema político, mayores garantías democráticas, como la integración de los consejos municipales plurales, la figura del Inspector Electoral como garante de los derechos de los electores.
Ulloa recalcó que con la firma de los Acuerdos de Paz se aceptaron dos nuevas figuras que vinieron a fortalecer el subsistema de controles dentro del nuevo sistema electoral, como es la Junta de Vigilancia, conformada por los representantes de los partidos políticos y el Fiscal Electoral, adscrito a la Fiscalía General de la República (FGR) pero con funciones exclusivas en materia electoral. “Dentro de las tareas pendientes en este período de post guerra quedaba la creación de una entidad que garantice la pureza en la elaboración de Registro Electoral. Se demandó la creación de una entidad autónoma que se encargara de registrar todos los actos y hechos jurídicos de las personas naturales, las cuales al llegar a los 18 años y se convierten en ciudadanos pasan a formar parte del Registro Electoral, así surgió el Registro Nacional de las Personas Naturales”, sostuvo el exmagistrado del TSE.
Asimismo, enfatizó que a 25 años de la firma de los Acuerdos de Paz se pide mejorar la calidad de la representación , ya que muchos partidos se resisten a democratizar los mecanismos internos para la selección de los candidatos a cargos electivos. Otra demanda es el fortalecimiento y modernización de los marcos jurídicos electorales; régimen financiero más justo y transparente y blindaje de programas sociales de los gobiernos.
