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@arpassv
El pasado 13 de diciembre, el Juzgado Segundo de Sentencia de San Salvador ratificó la condena de 30 años de cárcel a Teodora Vásquez, quien tuvo un aborto involuntario. La sentencia, impuesta en 2008, había sido impugnada por su defensa con apoyo de organizaciones feministas.
Esta mujer tuvo una “emergencia obstétrica” en 2007 y, tras llamar varias veces al sistema público de emergencias sin tener respuesta, tuvo un “parto extra hospitalario” en los baños de la escuela donde trabajaba. Fiscalía y Sistema Judicial la procesaron por “homicidio agravado”.
El caso tuvo notoriedad mundial: la absolución de Teodora fue solicitada por Amnistía Internacional, el Parlamento Europeo, la CIDH, congresistas estadounidenses, Naciones Unidas y otras instancias internacionales. Pero la “justicia” salvadoreña fue implacable con esta mujer que no cometió ningún delito.
El Salvador es -con Honduras, Nicaragua, Haití, Suriman, Andorra y Malta- de los pocos países del mundo que mantienen penalización absoluta del aborto. La izquierda parlamentaria ha mocionado despenalizarlo para salvar la vida de la madre, cuando haya violación sexual y por deformaciones congénitas; pero los partidos de derecha lo rechazan.
En contraste, dos días después, el 15 de diciembre, el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador absolvió a Maximiliano González, presentador de Telecorporación Salvadoreña (TCS), conocido como “Gordo Max”, enjuiciado por delitos sexuales contra menores de edad. Junto a éste fueron librados otros tres acusados, entre ellos Ernesto Regalado O´Sullivan, miembro de una conocida familia oligárquica financista del partido ARENA.
Estas resoluciones confirman la existencia de leyes, Fiscalía y tribunales injustos, que condenan severamente a mujeres pobres que tienen abortos accidentales y absuelven impunemente a hombres influyentes procesados por delitos sexuales contra menores. Es -sin dudas- un sistema legal, fiscal y judicial injusto.
A estas resoluciones se agrega otra también reciente: la condena contra los líderes comunitarios de Tacuba que defienden su agua. Activistas del derecho al agua criminalizados, mientras el alcalde arenero que los acusa se mantiene impune.
Ojalá el país se indignara, para que esta aberración, este mundo al revés y este sistema patas arriba cambiara.
