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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
El Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque, Cabañas, rechazó la petición de revertir la detención provisional de los líderes comunitarios de Santa Marta y ADES.
Luego de un proceso de más de tres horas de la Audiencia de Revisión de Medidas. El juez denegó la “libertad provisional”, fallando de nuevo en contra de la Comunidad Santa Marta – ADES.
Temprano, mientras Denis Muñoz, abogado defensor de los cinco ambientalistas de la Comunidad Santa Marta- ADES, gestionaba la libertad de sus representados en el Centro Judicial Integrado de Segunda Instancia de San Salvador, en las afueras del tribunal la comunidad gritaba “No los dejaremos solos”, “libertad”.
Vidalina Morales criticó el traslado del proceso judicial a San Salvador cuando le corresponde al Juzgado de Sensuntepeque, Cabañas. “Hay rumores que este caso lo han pasado a San Salvador, por seguridad -dicen- cuando somos una comunidad de bien, una comunidad histórica, que luchamos por lo que es digno, por mejorar las condiciones de vida, por la justicia… esa es la la comunidad Santa Marta”, manifestó Morales.
Lo integrantes de la comunidad reiteraron la exigencia por la libertad inmediata de sus líderes comunitarios, y solicitaron que se revierta la detención provisional, y que el proceso judicial continúe en el Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque, Cabañas.
“Acá estamos junto a la comunidad, población de Cabañas y organizaciones. Estamos en esta lucha y esfuerzo. Estamos convencidos de estar en el camino correcto, que lo queremos es justicia y un proceso apegado a la ley, porque estamos dentro de un proceso arbitrario con tantas irregularidades que no deja de sorprendernos”, manifestó Morales.
“Nos duele que a nuestros compañeros, que han venido trabajando por mejorar las condiciones de vida de la gente por más de 30 años, se les trate de esta manera. La justicia llegará, no lo dudamos”, expresó Morales.
La comunidad Santa Marta, del municipio de Victoria, y la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES), han llegado a su día 29 en total incertidumbre.
Y es que el 11 de enero miembros de la Fiscalía General de la República (FGR), junto a elementos de la Policía Nacional Civil (PNC), realizó la detención de: Antonio Pacheco y Saúl Rivas, directivos de ADES, así como de los líderes comunitarios Pedro Antonio Rivas, Alejandro Laínez y Miguel Gámez. Desde esa fecha la vida cambió para la comunidad.
El viernes 3 de febrero, el abogado Denis Muñoz, defensor de los líderes comunitarios, presentó ante el Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque, Cabañas, una solicitud de “Revisión de Medidas Sustitutivas a la Detención Provisional” a favor de sus representados. Un proceso de tres días que se cumplió este miércoles 8 de febrero.
El objetivo de la revisión de medidas sustitutivas, explicó en su momento el abogado, busca si procede o no, que sus representados puedan enfrentar el proceso penal en libertad, pero por la reserva total del caso, no puedo dar más detalles.
La captura de los líderes comunitarios generó conmoción entre sus habitantes por el arraigo histórico que comparten en colectivo. Son repobladores, luego de huir hacia Honduras, ante la represión del Estado salvadoreño contra la población ejecutada por el ejército durante el conflicto armado. Son personas sobrevivientes de atroces masacres, desapariciones y un sin fin de crímenes de guerra y lesa humanidad.
Vidalia Morales ha calificado la acción de “indignante y sospechosa”, porque la comunidad San Marta ha presentado diversas denuncias sobre hechos violatorios a los derechos humanos y el Estado no ha podido judicializar ninguno de los casos documentados, pero si pudieron concretar un caso que implica a sus líderes comunitarios de forma “exprés”, “es una venganza política”.
Las sospechas de los residentes de Santa Marta, y de las organizaciones sociales nacionales e internacionales, iglesias y academia, es que estos cinco líderes comunitarios realizaron una lucha contra la minería metálica (2009-2016), que cobró la vida de cinco ambientalistas.
La resistencia social que ADES presentó ante el intento de la transnacional minera (PacificRim/OceanaGold) para extraer metales preciosos en San Isidro, Cabañas, le valió a estos defensores de ADES reconomicientos internacionales por defender el medio ambiente.
Una comunidad unida que resistió el embate de la demanda de la minera canadiense contra el Estado salvadoreño, ante el CIADI, instancia del Banco Mundial, culminó con una Ley de Prohibición de Minería Metálica, que coloca al país como el primero y único en poseer este tipo de legislación.
Alfredo Leiva no ha descarta que haya un intento gubernamental de “revertir dicha ley”. A partir de acciones como el ingreso del Estado de El Salvador al Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo (IGF), y la petición presidencial para crear la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, aprobada por la Asamblea Legislativa.
En cuanto a la pronta y cumplida justicia, es todavía una aspiración para la población de Santa Marta, al señalar que sus líderes comunitarios podrían enfrentar situaciones violatorias a los derechos humanos, por el régimen de excepción.
La Fiscalía General de la República, por ejemplo, incumplió las 72 horas que manda el debido proceso para la audiencia inicial.
El abogado Denis Muñoz ha señalado a lo largo de este proceso “serios vacíos” en cuanto al sustento del caso que ha presentado la Fiscalía, desde su inicio como una testigo, que probablemente ya “había fallecido”, y ,por tanto, acusar bajo un argumento de probabilidades era “precipitado y arbitrario”, sin embargo, la jueza del juzgado de Paz de Victoria lo aceptó.
Otro de los cuestionamientos al requerimiento fiscal es sobre la participación de un “testigo en régimen de protección”. Esta persona dio declaraciones que plantean su participación como un “testigo criteriado”, y solo por esta imprecisión fiscal “ese testimonio debió ser nulo”.
