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Por Lourdes Argueta*
Un proyecto de ley presentado por el ejecutivo a la Asamblea Legislativa deja en manifiesto la decisión del gobierno de eliminar al Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) y al Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP), en esencia, otro golpe y cierre de oportunidades a la juventud salvadoreña.
Esa propuesta provoca mucha incertidumbre sobre la función real del Sistema Nacional de Integración que están promoviendo, ya que de manera general establecen como objeto de ley implementar políticas para disminuir la pobreza y promover el desarrollo social, pero en lo concreto no se especifica como lograrán cumplir los objetivos propuestos, cuando el tema de la pobreza tiene a la base raíces estructurales que el gobierno no las está tratando, y que por el contrario, es cuando más se ha agudizado la crisis financiera, el alto costo de vida, la destrucción del tejido productivo y la capacidad de consolidar nuestra soberanía alimentaria.
Proponerse disminuir la pobreza en El Salvador significa que existan políticas claras para estimular la producción agrícola, mejorar la fertilidad del suelo, asegurar a los productores un mercado libre de cualquier tipo de coyotaje, combatir la pobreza y malnutrición, facilitar el acceso a una vivienda propia y digna, combatir efectivamente la usura y las cláusulas leoninas de tarjetas de créditos que mantienen en un eterno endeudamiento a la clase trabajadora, implementar una política fiscal realmente progresiva, en la que quien más gane, mas pague, que excluya de tantos impuestos indirectos al menos a quienes ganan el salario mínimo, y que se implementen medidas efectivas contra la evasión y elusión.
Lo anterior, solo para decir unas cuantas medidas reales que beneficiarían a los más afectados de un sistema económico desigual e inhumano, diseñado para la concentración de capital en pocas manos, y que es el generador de una crisis estructural como la que vive nuestro país, que no se resolverá si no se aborda de raíz.
No es con el desmontaje de instituciones que alcanzarán esa disminución de la pobreza si en lo que más invierten es en campañas publicitarias para mantener altos niveles de “popularidad” y en lo que menos invierten es en el pueblo, si lo que impulsan son medidas superficiales para justificar el gasto público, si no erradican todo tipo de corrupción en la institucionalidad del Estado, si no se ponen serios en buscar una salida real a esta crisis económica que nos ha condenado al perpetuo endeudamiento con la banca mundial, que condiciona cada centavo prestado.
En los gobiernos del FMLN, en los años 2008 a 2017 se registró una disminución de la pobreza del 40% al 29%, en hogares que los gobiernos de Arena la habían aumentado. De la pobreza extrema salieron 445,234 personas y de pobreza relativa salieron 175,890. Son solo un par de datos que nos permiten hablar con solvencia sobre la disminución de la pobreza, y que fueron logros alcanzados por una fuerte inversión social y por la que todas las semanas salían los representantes del sector privado a acusar de despilfarro, (los que por cierto, ahora guardan total silencio), en un periodo que nos tocó gobernar con una ajustada correlación de fuerza legislativa, además con una sala de lo constitucional que bloqueaba todas nuestras iniciativas, y con una campaña de desgaste promovida para golpear política y electoralmente al FMLN.
Podemos incorporar más datos para medir el impacto de la inversión social en los gobiernos del FMLN, en materia de agricultura, salud, educación y otros, pero en este breve análisis es también necesario resaltar las consecuencias de esta decisión de aniquilar el funcionamiento de dos instituciones que le han aportado bastante al país.
Entre las consecuencias más sentidas, es la generada por la de incertidumbre que viven las y los trabajadores de estas dos instituciones que disolverán y que no han tenido respuesta de sus superiores para saber si serán o no serán tomados en cuenta en el nuevo Sistema Nacional Integral. Tampoco ha habido respuesta del destino real en la ejecución del presupuesto de dicho sistema, si realmente este va a lograr sustituir y superar lo que tanto el INJUVE como el INSAFORP realizan para elevar el desarrollo y capacidades de personas que participan en los diversos programas.
Solo el INSAFORP presenta 5.6 millones de salvadoreños formados hasta la fecha en programas dirigidos a mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, desempleadas, emprendedoras, migrantes retornados, personas de movilidad laboral y adultos mayores.
En cuanto al INJUVE, como parte del legado solo del segundo gobierno del FMLN, podemos destacar algunos programas y el respectivo número de personas beneficiarias, como el Plan El Salvador Seguro “Actívate por la Convivencia”, un modelo de Prevención de la Violencia con Participación Juvenil con énfasis en el trabajo de organización comunitaria, (386,204). Programa Nacional de Pasantías (5,127). Programa de Empleo y Empleabilidad “Jóvenes Con Todo” (30,023).
En conclusión, el proyecto de ley presentado es un mecanismo más para centralizar y administrar discrecionalmente los recursos, y eliminar la participación de los jóvenes en las decisiones de los programas y presupuestos a ejecutar.
Es importante que las y los salvadoreños de manera conscientes analicen el retroceso que hay en el país, la necesidad de organizarnos y construir una democracia real, participativa y popular. El desafío de transformar nuestro país es tarea de todos, no hay ni mesías ni partido que por cuenta propia lo logre. Como FMLN podemos hablar con propiedad de estos temas porque presentamos resultados concretos en beneficio del país y la población, pero sin dejar de asumir que nos faltó lo más valioso para asegurar cada logro presentado: involucrar al pueblo en su creación, ejecución y defensa.
Asumamos juntos un compromiso con nuestro país y nuestro futuro.
*De la Comisión Política del FMLN
