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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Desde el inicio de la legislatura 2018-2021 y tras ser designado como presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano expresó su deseo de impulsar “medidas de austeridad” en el congreso salvadoreño con la finalidad de hacer un uso eficiente y transparente de los recursos asignados al primer órgano de Estado.
Una de las primeras medidas que anunció fue la renuncia a camionetas asignadas a la Junta Directiva de la institución, días después en conferencia de prensa dio a conocer la rescisión de contratos de los empleados contratados entre el primero de diciembre de 2017 y el 31 de abril de 2018, un total de 142 trabajadores.
Paralelo a los despidos, el presidente del congreso salvadoreño anunció recortes a viajes y viáticos de los diputados, contratos de líneas telefónicas y de radio, vales de combustible, entre otras. Fue en ese momento que los sindicatos de trabajadores legislativos se activaron para dar asesoría y defender los derechos de sus afiliados.
Y es que además de la lista de 142 empleados despedidos por Quijano, Luis Ortega, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (SITRAL), cuenta con otro documento con 251 empleados despedidos durante la pasada legislatura.
“Estos otros son despidos de gente que tenía plazas fantasma, pero entre ellos hay gente que sí venía a trabajar todos los días, nosotros no vamos a defender a quienes estaban ganando un salario fraudulentamente, sino a quienes tenemos constancia de que eran buenos trabajadores”, expresó Ortega.
La semana pasada, luego de la reunión de Junta Directiva, el diputado presidente brindó una conferencia de prensa en la que anunció un nuevo paquete de medidas de austeridad, en esta ocasión expuso su intención de reducir las sedes departamentales de la Asamblea Legislativa, hacer recortes en otras asignaciones presupuestarias e impulsar un decreto de “retiro voluntario” para los empleados.
En cuanto a las oficinas departamentales, estas nacieron gracias a un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismo que en los primeros años asumió los costos de operación y planilla de esas sedes.
El presidente de la Asamblea explicó que en un principio se planteó que estas oficinas fueran regionales, es decir, una para cada zona del país, algo que con el tiempo se desnaturalizó al grado de que en la actualidad funcionan 14 oficinas.
Otro de los puntos que el legislador expuso fue que estas dependencias cuentan con una sobrepoblación de empleados. “En un principio se consideró que cada sede debería contar con una plantilla laboral de diez personas, pero en la actualidad, todas están sobrepobladas, en algunos casos con el doble de empleados”, manifestó.
Quijano, asimismo, mencionó que luego de la finalización del programa por parte del BID, los costos de mantenimiento de las sedes departamentales fueron asumidos por la Asamblea Legislativa pero que en la actualidad son insostenibles y por ello hay que suprimir algunas y llevar a cabo recortes de personal.
Según Ortega, esta decisión del presidente y la Junta Directiva del congreso no son acertadas ya que sí existe una sobrepoblación de empleados, esto no es culpa de quienes llegan todos los días a cumplir con su labor, sino de los diputados, ya que son ellos los que contratan al personal sin reparar en la necesidad o no del mismo.
De concretarse la reducción de sedes departamentales unos doscientos empleados perderían sus puestos de trabajo.
El dirigente sindical también se refirió a la intención del presidente del primer órgano de Estado de impulsar un decreto de retiro voluntario para empleados legislativos, algo que, para él, no tiene nada de voluntario ya que se ejerce presión para que los trabajadores se acojan al decreto. “Los retiros en anteriores gestiones solo han servido para despedir trabajadores porque no lo hacen de forma voluntaria sino forzada, el trabajador se tiene que ir y eso es violación a los derechos laborales, por eso nosotros como sindicato estamos en contra de esos despidos forzosos”, dijo Ortega.
El secretario general de SITRAL sostiene que la agenda de austeridad impulsada por Norman Quijano es una mentira ya que dice tener información de aumentos salariales por $500 para los gerentes de cada una de las unidades existentes en la Asamblea Legislativa, cuando estos devengan salarios de más de tres mil dólares.
“Eso no puede ser, ya que la austeridad se la trasladan al trabajador que tiene un salario menor. Además, por un lado están despidiendo gente y por otro contratan, tenemos información de la Gerencia de Recursos Humanos de que hasta el cuatro de mayo se contrató a 19 personas”, expuso el dirigente.
Ortega, asimismo, agregó que tiene información de que en los últimos días del mes de mayo entre cinco y siete personas estaban llegando a marcar que en los registros aparecen como empleados nuevos del congreso.
Es por ello que llamó a los empleados que resulten perjudicados por las medidas de austeridad impulsadas por el presidente de la Asamblea Legislativa a acercarse a los sindicatos y exponer sus casos para recibir ayuda.
