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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
“La actual Junta Directiva de la Asamblea Legislativa no solo ha generado un gran desorden administrativo, sino que ha profundizado la crisis en la Asamblea porque el presupuesto se lo acabaron, pero a nosotros desde septiembre nos despidieron sin ningún papel, nos tiraron a la calle”, relató Santos Duarte, exempleado de la oficina departamental de la Asamblea Legislativa en Cabañas, despedido el año pasado, quien llegó junto a directivos del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (SITRAL) a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) para solicitarles que realice una investigación sobre un aparente retraso en las resoluciones en los tribunales de justicia.
El SITRAL denunció que cientos de sus afiliados fueron despedidos sin seguir el debido proceso y sin ninguna indemnización, “violándole todos sus derechos laborales”, por ello, este jueves entregaron a la PDDH un escrito donde solicitan que se pronuncie y haga una serie de investigaciones en los tribunales laborales, del Servicio Civil, de lo Contencioso Administrativos y al propio ministro de Trabajo, Rolando Castro, ya que estos actores no se han pronunciado sobre las decenas de demandas que los trabajadores despedidos han interpuesto, dijo su secretario, Luis Ortega.
Son alrededor de 1,900 trabajadores los que la Junta Directiva de la Asamblea despidió con su llegada al poder, entre ellos, personas con enfermedades crónicas, con discapacidades, madres solteras, en estado de embarazo e inclusive directivos sindicales.
Retomando, el caso de Santos Duarte, el exempleado afirmó que al momento de su despido tenía que firmarlo y aceptarlo porque si no, “no tenía derecho a ningún documento. Me tiraron y hasta este momento, yo no sé qué ha pasado”, externó.
Santos informó que hace tres meses, interpuso una demanda en la Procuraduría General de la República (PGR) y aún está a la espera de conocer si le asignaron a un abogado para que le acompañen el amparo.
“Me sumo a esta denuncia de retardación de justicia laboral, porque no es justo que una gran cantidad de empleados incluidos gente que estaba (por el tema de la pandemia) incapacitada, a estas le notificaron que ya no pertenecía a la institución, de manera verbal, atropellando todos los derechos de los trabajadores”, denunció Duarte.
La secretaria segunda de conflictos del SITRAL, Ingrid Escobar, es una de las directivas que fue despedida por decisión de la Junta Directiva controlada por Nuevas Ideas, ella dijo que en las sedes judiciales “hay justicia retardada y eso es justicia negada”, por ello pide al procurador José Apolonio Tobar que haga “lo que le manda a hacer la Constitución, exigimos una investigación sobre el porqué los tribunales de justicia no han fallado en favor de los trabajadores”.
Además, informaron que interpusieron una queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y próximamente podrían mandar escritos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “primero por la retardación de justicia, y segundo, cuando hayan fallos que sean en contra de los trabajadores, sabemos el camino para las instancias internacionales”, concluyó Escobar.
