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Licda. Norma Guevara de Ramirios
@guevara_tuiter
Es de rigor establecer con claridad la meta de cualquier acción de política pública; pueden ocurrir errores que lleven a confundir el medio con el objetivo; pero en materia de transporte público y en particular con el despegue del sistema de transporte metropolitano, shop no hay confusión alguna; es la gente, las personas de a pie las que le dan sentido a un medio de transporte masivo y rápido. En otros países ha sido tranvía, tren rápido, metro y aunque a nuestro país le costó mucho emprender esta obra visionaria; ya la tenemos, es de la gente y la cual los viejos intereses intentaron impedirla y ahora quieren afectarla.
En 20,742 kilómetros cuadrados vivimos unos seis millones de personas, en el último censo de 2007, las proporciones de población urbana y rural se invirtieron, pasó a ser menor la población rural y mayor la población urbana, esto impone aumentar la capacidad de servicios, incluyendo el de transporte de pasajeros. Cuando los gobiernos de San Salvador se han planteado el ordenamiento del Centro Histórico, invariablemente se encuentra la asociación de flujo de personas del área metropolitana con la actividad del comercio informal, por eso se sostiene que el ordenamiento del transporte público es uno de los componentes.
El territorio de un país no aumenta, y en el caso nuestro, más bien disminuyó con la resolución de límites en tiempos del Presidente Alfredo Cristiani. Las carreteras han aumentado de modo importante en los años recientes, la Longitudinal del Norte es una de ellas; nuevas carreteras, como las que unen la Panamericana y el Litoral, atravesando los pueblos de la Cordillera del Bálsamo; las que unen municipios de Chalatenango a la Longitudinal; el Boulevard Monseñor Romero y más. Pero ocurre que el parque vehicular que circula por nuestras vías crece exponencialmente, sólo en los últimos cinco años pasó de 700 mil a un poco más de 800 mil vehículos, y la mayor concentración de estos se da en las ciudades más pobladas; por eso será de enorme utilidad el By Pass de San Miguel, la remodelación con derivadores en los redondeles de Naciones Unidas, Rancho Navarra y otros.
Emprender la modernización del transporte público que moviliza a más del 75% de las personas es una imperiosa necesidad, y el SITRAMSS, como sistema está pensado para responder a todas las personas, es decir, a las que se trasladan en buses y a las que usan vehículos particulares; para las primeras, es el sistema de buses articulados, seguro y rápido, y para los segundos, que son menos en relación a los que usan el servicio público de transporte, pero mayor en proporción a las vías de las cuales hacen uso, se contarán con los derivadores y la ampliación de algunas calles.
Pensando en las personas que hacen uso del transporte público se creó el subsidio, para evitar incremento al pasaje. Para ello se da la compensación a los transportistas. Este subsidio debe tener la mayor rigurosidad y por eso gradualmente se hará con base a cada persona transportada. Este nuevo modo de subsidio hace más evidente que el objeto de una política de transporte es la persona, es la gente.
El ataque de Arena, sus diputados y algunos empresarios al SITRAMSS, primero buscaba impedir que se concluyera la obra física, luego quisieron que se impidiera su funcionamiento y no cesan de mentir y descalificar, repiten y repiten juicios falsos: que se privatiza un carril para entregarlo a una empresa, que se le concesionó el uso exclusivo de la calle sin permiso de la Asamblea Legislativa, que es un monopolio, etc.
La verdad debe ser dicha y repetida al pueblo para evitar que sea sustituida por las mentiras que buscan descredito de toda obra del gobierno en beneficio de la población. Las calles por donde circulan los buses, los carros privados, microbuses, y todo vehículo, incluyendo el carril segregado para uso de una modalidad de vehículos, son PROPIEDAD DEL ESTADO, son PÚBLICAS. Los empresarios que han asumido el riesgo de cambiar el medio de transporte por unidades modernas menos contaminantes, son los mismos que siempre tuvieron permisos o concesiones, son los mismos que fueron autorizados en su oportunidad por el Viceministerio de Transporte, para cobrar el subsidio por la prestación del servicio público de transporte.
Ordenar el sentido de una vía, regular horarios, autorizar o dar concesiones para prestar servicio de transporte de un punto a otro (ruta) es facultad administrativa que la ley le otorga al Vice Ministerio de Transporte. Ningún transportista del país ha pedido concesión a la Asamblea, no hay explotación de suelo, hay ganancia por cobro de pasaje con tarifa autorizada.
Cosas evidentes, rutinarias, establecidas en leyes se ocultan con malicia para implantar una matriz de opinión hilvanada con los mismos fines desestabilizadores; o a lo mejor para evitar el cambio de modelo de subsidio por algunos que cobran más de lo que les corresponde.
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