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Miembros del Sindicato de Empleados de Centros Penales (SITRAPEN) entregaron una carta la embajada de EE. UU. donde piden entablar una mesa de dialogo. Foto Diario Co Latino/@sitrapen

SITRAPEN pide a embajada estadounidense intervenir para entablar mesa de diálogo

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Los miembros del Sindicato de Empleados de Centros Penales (SITRAPEN) entregaron una carta a la embajada de Estados Unidos, donde pidieron su intervención para entablar una mesa de negociación, y expusieron la problemática que afrontan los trabajadores de la institución.

Guillermo Ascencio secretario general de SITRAPEN dijo que Osiris Luna, director general de Centros Penales y Rogelio Rivas ministro de Justicia y Seguridad, han bloqueado la mesa de diálogo con los trabajadores, aduciendo que el sindicato está en contra de las medidas implementadas en la red penitenciaria.

El secretario general de SITRAPEN indicó que la reducción de labores continuará hasta dialogar con las autoridades de Seguridad, y que estas atiendan sus peticiones, entre las que está la destitución de quince funcionarios, entre ellos el director del centro penal La Esperanza; un bono trimestral de 400 dólares, bono de $200 para los custodios de los centros penales, eliminar la Comisión Disciplinaria y el reinstalo de veinticinco empleados despedidos por esa comisión.

“La denuncia es que el presidente Nayib Bukele, una manifestación pública la mandó a disolver con la fuerza de la policía, la UMO y de otras unidades que tiene para reprimir al pueblo. El presidente no debe actuar de esa manera, se negó a dialogar y que el ministro de Justicia hablara con el sindicato y está ignorando las exigencias que los trabajadores humildemente le hacemos”, sostuvo Ascencio.

Los miembros de SITRAPEN se mantienen en reducción de labores desde el pasado 17 de julio, como medida de protesta por el supuesto maltrato laboral y los actos de corrupción en el sistema penitenciario.

Los empleados agremiados al sindicato denunciaron el desalojo por parte de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) a quienes apoyaban la protesta en los penales de Ilopango, San Vicente y la Penitenciaría Central de Santa Ana.

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