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César Villalona
En 1998, see el sistema público de pensiones, troche integrado por el ISSS y el INPEP, comenzó a ser sustituido por empresas privadas llamadas AFP, que pasarían a administrar las cotizaciones de la población trabajadora.
La ley de privatización aprobada dos años antes obligaba a las personas con menos de 36 años a pasar del ISSS y el INPEP a las AFP, y les daba opción a las mujeres de 36 a 50 años y a los hombres de 36 a 55 años, de quedarse en el sistema público o trasladarse a las AFP. Las mujeres con más de 50 años y los hombres mayores de 55, que pronto se jubilarían, debían quedarse en el sistema público.
El paso de un sistema público a uno privado implicó un cambio en las condiciones para jubilarse. Los porcentajes de cotización pasaron de 1% del salario en el sector privado y 4.5% en el sector público a 6.25%, los años de cotización aumentaron de 15 a 25, y las pensiones disminuyeron y dejaron de ser vitalicia.
El cambio de sistema generó una crisis en el ISSS y en el INPEP, que perdieron la mayoría de cotizantes y se quedaron con las personas que pronto se jubilarían.
En 1998, ambas instituciones tenían 338 millones de reservas técnicas (ahorro para invertir) y una relación de seis personas cotizando por una jubilada. Para 2001 carecían de reservas técnicas, tenían 24,000 personas cotizando y debían pagarles pensiones a 105,000 personas.
La ley de privatización obligaba a crear un fondo del presupuesto nacional para pagar las futuras pensiones del ISSS y el INPEP, pero los gobiernos de ARENA no lo crearon y optaron por el endeudamiento público.
Entre 2001 y 2004 el gobierno de Flores vendió bonos por 611 millones para pagar pensiones. El gobierno de Saca vendió bonos por otros 600 millones, hasta el año 2006, cuando decidió, con los votos de los diputados y diputadas de ARENA y del PCN, obligar a las AFP a prestarle dinero al gobierno para pagar las pensiones del sistema antiguo.
Los gobiernos del FMLN aumentaron la pensión mínima, de 142 dólares a 207, bajaron de 21% a 17% la comisión que cobran las AFP de las cotizaciones de la gente que trabaja y crearon el programa de pensión básica universal, de 50 dólares mensuales a 28,000 personas adultas en pobreza extrema. Sin embargo, como el ISSS y el INPEP están en crisis desde 2001, ha continuado el endeudamiento con las AFP.
En este momento el gobierno les debe a las AFP 3,600 millones por préstamos obtenidos desde 2006. Además, el Estado tiene que complementar las bajas pensiones de quienes se jubilaron con las AFP, porque así lo decidieron los gobiernos de Francisco Flores y Antonio Saca. El costo para el gobierno es de 4,800 millones.
La privatización del sistema de pensiones afectó a la población trabajadora, que aporta más de su salario, debe trabajar más años para jubilarse y recibe una pensión menor y no vitalicia. En el sistema antiguo las pensiones representaban el 70% del último salario (tasa de reemplazo) y hoy representan el 40% para hombres y 37% para mujeres. Además, los rendimientos de los fondos pasaron de 13% en 2000, a 3% en 2008 y 3.5% hoy. La privatización también afectó al gobierno, que se ha endeudado para pagar pensiones de personas jubiladas del ISSS y el INPEP.
La privatización ha sido muy positiva para los dueños de las AFP, que se han ganado 268 millones de dólares en 17 años, y para los dueños de algunas empresas de seguro, que se ganaron más de 200 millones con la parte de la comisión que les envían las AFP.
¿Y qué decir de las promesas que se hicieron con la privatización? Que ninguna se cumplió: el 80% de las pensiones son indignas, los rendimientos de los fondos bajaron, la cobertura sigue igual (24% de la PEA), el esquema de capitalización individual fue liquidado por el gobierno de ARENA en 2006, cuando decidió utilizar fondos de las AFP para pagar pensiones del ISSS y el INPEP, y el sistema no es sostenible, pues endeudó mucho al gobierno, tiene baja cobertura y paga pensiones de miseria.
Ante esa situación, el gobierno propone crear un sistema mixto, donde toda la población cotice en un fondo público administrado por las propias AFP y quienes ganen por encima de dos salarios mínimos coticen el excedente en las AFP. La edad de jubilación y las cotizaciones se mantendrían iguales, pero la comisión que cobran las AFP disminuiría a 14.6% en su propio fondo y a 7.6% en el fondo público.
Las personas tendrían mejores pensiones por el monto que coticen en las AFP (pues éstas cobrarían menos comisión) y por el monto que coticen en el fondo público, que sería solidario y garantizaría una pensión mínima de 207 dólares, pensión que nadie con menos de dos salarios mínimos obtendría si se jubilara con las AFP.
La propuesta también reducirá el endeudamiento del gobierno, sobre todo si el fondo público amplía la base de cotizantes y logra ser sostenible.
La propuesta del gobierno es rechazada por las AFP, la ANEP, FUSADES y otras instituciones vinculadas a la oligarquía, las cuales proponen subir la edad de jubilación y las cotizaciones de la población trabajadora, o sea, dañar más a la gente y ampliar las ganancias de las AFP y de las empresas de seguro.
