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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Ese día 22 de junio de 2023, me iba levantando de dormir, cuando supe la captura de mi hijo Marcos Antonio Martínez Rivera, así que me vestí y fui a la delegación de la Policía Nacional Civil. Vi a mi hijo de espaldas, me sentí mal. Y los agentes me dijeron que iba a quedar detenido, porque había una denuncia de que él hacía señas y les explique que él era sordo de nacimiento, no oye y es así como se comunica”, relató la madre de Marco Antonio.
“El gran error de mi hijo fue venir a sacar la basura que ustedes mismos botan aquí (delegación); les pregunté si habían hallado un teléfono u otra cosa, me respondieron que no, y es porque mi hijo sólo el DUI (Documento Único de Identidad) carga. Él nos mantiene a mí, mi esposo y su hija de 5 años”, agregó al comentar que desde la captura no ha vuelto a saber nada de su hijo Marco Antonio.
La directora del Socorro Jurídico Humanitario, Ingrid Escobar, denunció la captura ilegal de Marco Antonio Martínez Rivera, persona con discapacidad debido a la pérdida congénita de su audición, quien fue capturado el 22 de junio de 2023, cuyo caso han retomado para buscar su liberación.
“Esta captura se dio cuando realizaba sus labores porque es trabajador de la alcaldía Municipal de San Juan Opico, y estaba recogiendo la basura dentro de la delegación. Contamos con su carnet de trabajador extendido por la alcaldía y su constancia de labores que era parte del personal”, dijo.
“Y cuando él estaba en ese momento recogiendo dos bolsas dentro de la delegación de la Policía Nacional Civil de San Juan Opico, labor que hacía usualmente allí, fue visto por dos policías vestidos de civil, quienes al verlo hacer señas con sus manos procedieron a su captura arbitraria e ilegal”, informó Escobar.
Sobre la captura de Marco Antonio, agregó Escobar, ha dejado en evidencia el nivel de vulnerabilidad de la población con alguna capacidad especial de audición que debe utilizar sus manos para comunicarse, al señalar como “grave error” de los agentes policiales que utilizan el régimen de excepción para realizar este tipo de capturas ilegales que suman a las 20 mil personas capturadas en el país siendo inocentes y de las cuales tienen registro.
“Ahora vamos acompañar a esta madre que está denunciando la captura de su hijo, porque no queremos que a él le pase lo ocurrido a tantas personas fallecidas y tenemos los datos que eran personas trabajadoras e inocentes que no tuvieron derecho a una segunda audiencia, sólo les aplicaron la justicia entre comillas y no les dieron la oportunidad de probar lo contrario”, alegó Escobar.
Mientras, Jayme Magaña, abogada del Socorro Jurídico Humanitario, explicó que van a denunciar lo que han venido argumentando sobre las políticas actuales de seguridad pública, que consideró eran muy difusas y que están lejos de aplicarse correctamente en la captura de delincuentes y terminan solamente capturando a personas inocentes.
“El artículo 47 de la Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad establece que la LESSA (Lengua de Señas Salvadoreña) está reconocida por el Estado de El Salvador; entonces, que detengan a una persona sorda que intenta comunicarse con el resto de la sociedad con sus manos es como capturar a alguien que sólo puede hablar inglés en el país, esto es ilegal totalmente”, argumentó.
“Y recordemos la situación en la que se encuentran estas personas capturadas dentro de los centros penitenciarios, que no se les garantiza su situación y las personas con discapacidades es peor. Como dijo Ingrid, no queremos que don Antonio termine fallecido por falta de atención a su discapacidad”, agregó Magaña.
Igualmente, añadió que actualmente no saben si Marco Antonio “está vivo, enfermo o muerto”, porque no ha tenido su segunda audiencia y tampoco puede ser visitado para su asesoría legal en el Penal de Izalco, Sonsonate, donde fue enviado desde el 22 de junio del año pasado.
“No sabemos si está vivo, si está enfermo con algún tipo de problema de salud o está muerto. No sabemos si ha sido vapuleado como ya había sufrido en la calle (San Juan Opico) de parte de las autoridades, quienes reaccionaron así contra él porque no les respondía y la gente tuvo que decirles que era sordo”, manifestó.
“Como Socorro Jurídico, vamos a presentar un Habeas Corpus a la autoridad competente para que se establezca, en primer lugar, que Marco Antonio es una persona que no tiene vínculos con grupos terroristas; segundo, que solicitaremos la verificación de su situación médica en que se encuentra y, luego, que se decrete su libertad”, dijo Magaña.
Esta solicitud es frente al decreto 803, que deja en pausa su situación a nivel de instrucción hasta el año 2025, lo que agrava la situación de lo que pueda ocurrir a una persona con discapacidad dentro de los centros penitenciarios, en donde el hacinamiento de esa población permite que personas inocentes estén mezcladas con pandilleros.
“Qué garantías le puede dar el Estado salvadoreño, a pesar que hay políticas nacionales e internacionales para que estas personas inocentes sean atendidas como se merecen. Entonces, además del Habeas Corpus iniciaremos todos los procesos a nivel nacional e internacional como Socorro Jurídico para exigir su pronta libertad y se reencuentre con su hija, que es lo único que tiene aparte de sus abuelos”, concluyó Magaña.
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