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José Acosta
Voces en la Frontera
Soberanía alimentaria es un concepto sencillo, decease propuesto por La Vía Campesina en 1996, physician como el derecho de los pueblos a definir sus propios sistemas alimentarios y la valoración de las personas que producen, distribuyen y consumen alimentos en el centro de las políticas alimentarias.
El Salvador requiere de varias decisiones políticas para avanzar hacia la soberanía alimentaria. En primer lugar La Asamblea Legislativa debe ratificar una enmienda al Artículo 69 de la Constitución que reconoce la alimentación como un derecho básico de los salvadoreños y salvadoreñas. Del mismo modo, en los últimos dos años, la sociedad civil ha presionado para que se apruebe una Ley de Soberanía Alimentaria, que promueva la producción sostenible de alimentos y regule otras actividades que afectan a la soberanía alimentaria.
También es necesario que la Asamblea y el Presidente Sánchez Cerén prohíban una larga lista de productos agroquímicos tóxicos que están provocando graves afectaciones a la salud de las personas y al medio ambiente. Otra cuestión importante es la Ley del Agua. Hace ocho años, organizaciones de la sociedad civil elaboraron una propuesta de Ley General de Agua, la Asamblea Legislativa inició un largo camino de discusión y elaboración de la ley. Desafortunadamente intereses privados, como la ANEP, y los partidos políticos conservadores (ARENA y PCN) han sido capaces de estancar el proceso.
Otro obstáculo para el logro de la soberanía alimentaria es la producción de caña de azúcar. En regiones como el Bajo Lempa, los productores de caña están comprando o arrendando grandes extensiones de tierra. La producción de caña de azúcar tiene gran impacto negativo en el medio ambiente, se utilizan fuertes cantidades de productos químicos durante el desarrollo de la plantación y justo antes de que un cultivo está listo para la cosecha, los productores aplican el herbicida Glifosato (para la caña se usa la marca “Roundup Ready”) con el fin de asegurar que toda la caña está lista para cosechar en la misma época. Estos agroquímicos, que son rociados generalmente utilizando un avión fumigador, contaminan las fuentes de agua, tierras de cultivo, animales y personas que viven en las inmediaciones.
La producción de caña de azúcar impide la soberanía alimentaria de varias maneras. En primer lugar, los campos agrícolas que podrían ser utilizados para producir alimentos para el consumo local se utiliza para cultivar caña para la exportación de azúcar. El impacto ambiental de la caña de azúcar también hace más difícil para los pequeños agricultores producir alimentos. Los agricultores se quejan de que la fumigación de agroquímicos contamina sus campos y destruye sus cultivos.
Otra amenaza a la soberanía alimentaria es la minería. El Salvador tiene actualmente una prohibición de facto de la minería. Pero no hay nada para evitar que en el futuro se concedan los permisos que permiten a las empresas mineras extraer oro, plata, uranio y otros minerales. La sociedad civil ha argumentado durante años que si el país permite la minería, sería dar lugar a la contaminación de las tierras agrícolas y los recursos hídricos, disminuyendo en gran medida la capacidad para la producción de alimentos.
En febrero de 2014, el entonces candidato presidencial Sánchez Cerén habló en un evento organizado por MOVIAC. Durante sus comentarios, Sánchez Cerén dijo que como Presidente firmaría una ley para prohibir la minería. Sin embargo, cinco meses después no hay ningún indicio del cumplimiento de esta promesa. Posiblemente una razón para la demora es que en la Asamblea no tiene suficientes votos. Pero también puede deberse a que los políticos de todos los partidos no tienen interés de prohibir la minería, y la falta de votos solo es una excusa para no hacer nada.
Ninguna de estas demandas es nueva; sin embargo, ha habido poca acción de parte de los tomadores de decisiones y en consecuencia las organizaciones sociales deben presionar, hasta ver resultados.
