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Soberanía popular, soberanía nacional.

Licenciada Norma Guevara de Ramirios

Fácil se dice que la soberanía reside en el pueblo, que la democracia es gobierno de todos y definido por mayorías y minorías; esto es lo que la autoridad electoral debe garantizar en un proceso electoral.

El rol de los partidos políticos consiste en mediar, buscar influir con sus propuestas y candidaturas. Y, el de la ciudadanía, decidir con libertad.

En el proceso electoral, el nivel fundamental, en nuestra legislación, corresponde a las Juntas Receptoras de Votos, las que administran el ejercicio del sufragio conforme a la ley; cuentan los votos en presencia de vigilantes de los partidos políticos, y observadores acreditados; consignan los resultados en actas que sirven después para que el Tribunal como máxima autoridad totalice los resultados y asigne los cargos a quienes corresponda.

Todo esto debe hacerse con base a las leyes y a la Constitución. Los partidos tienen derecho a fiscalizar todo el proceso. Y en el escrutinio final participa, además, la Fiscalía y otros observadores acreditados.

La integración de los organismos electorales temporales como las Juntas Electorales Departamentales (JED), las Juntas Electorales Municipales (JEM) y las Juntas Receptoras de Votos (JRV), se integran con ciudadanos sin afiliación partidaria, pero propuestos  por los partidos o coaliciones, o como producto de sorteo, donde los partidos no proponen.

Todos los partidos contendientes tienen derecho a vigilar de principio a fin el ejercicio del sufragio. Conviene por eso que los partidos cumplan su deber de contribuir a la formación de una cultura cívica, del conocimiento de las leyes para que las personas que proponen para integrar esos organismos, principalmente las JRV, sean personas correctas.

Es incomprensible que el partido de Gobierno, que uso a otro partido para elegir al presidente de la República y tiene a otros partido como Cambio Democrático aliado, esté hablando de fraude que será cometido por el TSE.

En primer lugar, el partido GANA (que sirvió como vientre de alquiler a Nuevas Ideas en las elecciones presidenciales) tiene derecho a proponer un miembro en cada una de las más de 8,000 juntas receptoras de votos, Nuevas Ideas y Cambio Democrático también proponen en la quinta posición, vistos los tres como bloque pro-presidente, están en todos los organismos que administrarán el ejercicio del sufragio el 28 de febrero. ¿Por qué entonces hablan de fraude?

¿Es que lo van a cometer ellos en presencia del resto de partidos que compiten y estarán vigilando el proceso?

Sin duda sabe el presidente que es distinta la aprobación a su ejercicio presidencial, a la preferencia y decisión del voto de la ciudadanía, en consecuencia, sabe que no tendrán la aplanadora celeste para imponer cambios en  la constitución y asegurar la reelección presidencial o la elección de cualquier pariente del  primer círculo gobernante.

Como lo hizo en Estados Unidos el expresidente de ese país, desacreditando anticipadamente el sistema de su país pretendiendo mantenerse en la Casa Blanca; así Bukele, sus partidos y seguidores desarrollan una campaña anunciando fraude hasta llegar al colmo de pedir que sea la policía y los soldados los que sustituyan a los organismos electorales y “hagan  el conteo manual de votos”

Eso sería volver a los tiempos de la dictadura en la que las tandas de militares escogían al candidato, el PCN lo postulaba, la tanda gobernaba para servirle a la oligarquía y si el pueblo se pronunciaba de manera distinta usaban las armas para hacer fraude.

Ni el Ejército, ni la Policía, ni la OEA, ni nadie que no sean las Juntas Receptoras de Votos y el TSE pueden dar resultados. En eso consiste la soberanía del pueblo, en eso consiste el respeto a las leyes y a la constitución y es lo que las y los ciudadanos y sus  organizaciones tenemos que vigilar que se cumpla.

El país y el proceso electoral del que somos parte todos agradecer el acompañamiento de la observación internacional, de expertos electorales, de delegados de organismos  y de observadores nacionales; pero jamás permitir que se viole la soberanía nacional con procónsules que se crean con poder sobre las autoridades electorales establecidas conforme a nuestro ordenamiento jurídico.

Las decenas de miles de ciudadanos que cumplirán como autoridad electoral temporal, los miles de ciudadanos de los distintos partidos que vigilen el proceso merecen respeto y no se les puede acusar de delincuentes que cometen fraude, para colmo, antes de que cumplan su papel el día de las elecciones.

Merecen y merecemos respeto, y no ser distraídos con una  acusación sin fundamento, con fines de  querer arrebatar lo que el pueblo no les haya otorgado a quienes quieren a fuerza imponerse como partido único.

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