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José M. Tojeira
El 16 de noviembre, dentro de las actividades en recuerdo de los jesuitas mártires y sus dos compañeras, tuvimos en la UCA un foro internacional sobre el uso de la fuerza y los abusos policiales. Una antropóloga e investigadora brasileña, un excoronel de la policía colombiana y hoy funcionario de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Colombia, y una teniente coronel chilena nos visitaron como expositores. Simultáneamente el Idhuca preparó un informe sobre “Abusos policiales y Derechos Humanos”. Al foro asistieron un buen número de comisionados de la PNC y una amplia representación de personas vinculadas a temas de seguridad y defensa de derechos. Tanto las intervenciones como el documento del Idhuca nos dan múltiples pistas para mejorar la situación de seguridad e ir reduciendo abusos de la fuerza. Y estamos hablando nada más del abuso de la fuerza centrada en quienes tienen el monopolio de la fuerza. Otros abusos, que los hay en demasía dentro de nuestra sociedad, sean sexuales, sicológicos o físicos, deben también corregirse tanto desde un esfuerzo cultural como jurídico-legal.
La antropóloga brasileña habló entre otras cosas del sentido de territorialidad e integración que tenemos los seres humanos. Cuando el Estado no está en el territorio, otros grupos ocupan su lugar. Territorios sin acceso pronto a la salud pública, a la educación de calidad, a una policía amigable, a canchas y posibilidades de juego sano, con escasez de agua y calles con pésimo mantenimiento, basura y suciedad, son territorios que el Estado ha abandonado. No es raro que otros grupos informales ocupen el lugar del Estado y pongan sus reglas, llámense pandillas, narcotráfico o cualquier otro tipo de organización delictiva. Y en la medida que otros ciudadanos estigmatizan a los miembros de un territorio concreto, empujan a muchos jóvenes a unirse a la organización que domina el territorio. A nadie le gusta estar solo en la vida, y estigmatizar o despreciar a personas es condenarlas al aislamiento. En ese contexto la reacción es unirse a quien tiene la fuerza y el poder en el territorio.
El coronel de policía colombiano y ahora asesor en oficinas de Naciones Unidas insistió en los aspectos de policía comunitaria, cercanía y servicio a la población, y en distintas formas legales de frenar cualquier abuso. Insistió en ese contexto en la necesidad de ratificar el “Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”. Me informaba un comisionado de la PNC, presente en el foro, que la propuesta de ratificación, enviada desde el Poder Ejecutivo, está ya en la Asamblea Legislativa. Esperemos que esta sea diligente y ratifique pronto este protocolo. De lo contrario acabaríamos pensando que la permisividad con los malos tratos y abusos no es solo de aquel diputado que golpeaba a su mujer. La teniente coronel chilena fue muy explícita en temas concretos de mal trato policial y en los esfuerzos por erradicarlos. Insistía en que el Estado debe cuidar al policía para que el policía pueda cuidar del ciudadano. Un tema muy importante para nosotros, que con frecuencia no cuidamos al policía y al mismo tiempo le exigimos una perfección casi absoluta. Somos muy hipócritas cuando exigimos mucho y damos poco. Mal pagados, a veces con equipo no adecuado o con falta de equipo, con malas e incómodas instalaciones, los policías carecen de estímulos para servirnos y protegernos adecuadamente.
Y finalmente sobre nuestro documento Abusos Policiales y Derechos Humanos, dos ideas muy básicas que no eluden la necesidad de leer el trabajo realizado. Una de las realidades que más impactan en el estudio de los sesenta casos sobre los que se monta el estudio es la criminalización de la gente joven de los barrios populares. Ser joven y sospechoso parece una realidad inherente a los que viven en muchos barrios suburbanos; precisamente en aquellos barrios que el Estado tiene más abandonados. Y otro aspecto, observando el tipo de abusos que se producen contra las mujeres, en general también jóvenes, es la necesidad de incluir en la PNC más agentes y mandos femeninos. La mayor presencia de la mujer en la PNC, aparte de impedir el machismo, humanizaría diversas formas de protección hoy muy necesarias en El Salvador.
