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Ricardo Olmos Guevara
Economista
Albert O. Hirschman en su libro Retórica de la Intransigencia (1991) realiza importantes descubrimientos luego de rastrear la realidad de la sociedad occidental a lo largo de los últimos doscientos años, habiendo puesto al “desnudo” con gran genialidad la tesis del riesgo esgrimida en los “argumentos” reaccionarios que niegan, contraponen e indican que es innecesario el impulso de reformas, sean estas económicas, sociales o políticas, pues sus resultados son mayormente más costosos que sus beneficios.
Las fuerzas del cambio identificadas por lo general con los partidos políticos y con los movimientos sociales de izquierda han venido realizando avances y transformaciones espectaculares, pero son evaluados por los reaccionarios con argumentos de la tesis del riesgo. Por ejemplo, el discurso reaccionario indica que tales transformaciones son contraproducentes, pues sus resultados son dañinos a las mayorías populares en lugar de beneficiarlos, es decir, que tales medidas o programas son riesgosos y, por consiguiente, aunque deseables son innecesarios.
Las tímidas reformas sociales introducidas en El Salvador a través de la política social de los dos gobiernos del FMLN, son el resultado de los avances de la democracia y además han sido efectuadas en el marco de lo que en las economías occidentales se le denominó como medidas del Estado benefactor. Por Estado benefactor, de manera sencilla, se entiende aquel Estado que proporciona y asegura los servicios sociales para que los más vulnerables puedan ser equiparados en sus condiciones de vida frente a los de mejor condición económica y realización humana.
El discurso reaccionario apunta que si el Estado promueve programas, políticas o medidas de beneficio mayoritario, dirigidas a la población en materia de educación, salud, mejora en las competencias laborales, etc., entonces tales programas son riesgosos, pues pueden afectar la profundización del endeudamiento público nacional. Además, se indica que las políticas sociales impulsadas pueden poner en riesgo la estabilidad macroeconómica del país y, en consecuencia, pueden generar un Estado incapaz de honrar las deudas en el futuro. En consecuencia, esos programas de reformas, así como los subsidios directos, como es el caso del subsidio al transporte, al consumo de la electricidad, agua, gas propano y otras medidas como el apoyo a los estudiantes de educación básica y media con la entrega de los paquetes escolares constituyen un riesgo, en la valoración de los reaccionarios. En algunos casos se ha afirmado por las derechas políticas y económicas que esas medidas de política social constituyen un despilfarro que pueden volverse programas contraproducentes para la estabilidad económica del país.
En latitudes particularmente distintas, como Europa y los Estados Unidos, los reaccionarios han afirmado, en todo momento, que la intervención del gobierno con políticas sociales es una intromisión, capaz de generar un desincentivo en aquellas personas que debido a los apoyos gubernamentales no se disponen a trabajar.
En los países donde los grupos de poder real a través de partidos políticos de derecha han gobernado suelen recortar los programas sociales, para obligar a que las familias busquen emplearse. Sin embargo, en el caso de los países pobres como El Salvador, tales apoyos que han favorecido a los grupos sociales marginados y vulnerables, como es el caso de los jóvenes que no trabajan y no estudian, se les ha favorecido con algún apoyo financiero con becas para que puedan acceder al trabajo a fin de provocar la finalización de sus estudios o mejorar sus capacidades laborales. Estas medidas, entre otras, son atacadas por el discurso reaccionario, pues se dice que son peligrosas y que drenan los recursos del Estado.
En el fondo, el propósito central de esa tesis del riesgo es que el Estado no intervenga en la economía y que los gobiernos se dediquen exclusivamente a los aspectos de seguridad y defensa del territorio nacional, sin mejorar las condiciones de vida de las mayorías vulnerables. Los representantes de ese tipo de discursos indican que las oportunidades que da la democracia pueden generar riesgo al progreso económico, y en esa situación todos seremos afectados. Además indican que la solución a la problemática social de los sectores vulnerables no la ejerza el Estado sino que sea el mercado el que resuelva tales problemáticas sociales.
Argumentan los grupos de poder de la derecha a través de ese discurso reaccionario que el Estado elimina las libertades individuales y, en el mejor de los casos, hay que dejar que la democracia no afecte a las libertades del mercado. Es decir, contraponen el libre ejercicio de gobernar a las libertades individuales. Este tipo de conflicto lo valoran en el sentido que la acción del Estado, cuando busca el beneficio de la colectividad afecta las libertades individuales.
El conflicto subyacente, en el marco de la tesis del riesgo preconizada por las derechas y sectores oligárquicos en el país, es que el ejercicio pleno de las facultades constitucionales por parte del Estado con más democracia en la búsqueda de la igualdad es peligroso, pues afecta el ejercicio de las libertades individuales, tal como se ha afirmado por algunos teóricos portadores de este discurso, cuando sostienen equivocadamente que el Estado benefactor pone en riesgo las libertades individuales y la gestión democrática, proponiendo ideas totalmente contrarias al bien común y los intereses generales de la sociedad.
La acción benevolente del Estado por proteger los intereses generales de la sociedad a lo largo del tiempo ha recibido violentos ataques de parte de los grupos de poder fáctico que han dominado en América Latina, en algunos casos desde la acción política virulenta y judicialización de la política hasta ataques a los procesos democráticos con el encarcelamiento, sin prueba alguna, de los representantes de la izquierda, como son los casos emblemáticos recientes de Brasil, Honduras, Ecuador, Argentina y otros países.
El Salvador vive la encrucijada de su historia reciente. Si se transita a mayor democracia y mayor participación del Estado para promover el desarrollo o se queda como Estado sin impacto en la economía, ni beneficio para la sociedad entera, pues las medidas que mejoren por ejemplo a los sectores vulnerables se considera que son de mucho riesgo para el país.
Si los gobiernos electos democráticamente promueven los derechos económicos y sociales a través del sistema de subsidios o de transferencias a los más pobres, los grupos fácticos de poder y sus ideólogos afirman que ello provocaría un nuevo riesgo para la libertad individual. Este credo derechista y reaccionario ha sido aplicado a lo largo de los años en que gobernó el partido ARENA en nuestro país, y este mismo pensamiento es aplicable a otros partidos políticos de ideología de derecha que han gobernado o gobiernan en América Latina. La gestión de la política económica de esos gobiernos ha sido la venta de los activos del Estado, reduciendo su papel promotor del desarrollo humano a través del Estado, no obstante sea este deber que le confiere la misma Constitución de la República. Los hechos más recientes como la crisis de 1998 y otras crisis en el mundo desmienten esta tesis del riesgo pues sin la participación del Estado el capitalismo hubiese sucumbido en reiteradas ocasiones en el mundo occidental!
