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Redacción YSUCA
La Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) participó en un conversatorio en España titulado: “El Salvador: Defender Derechos Humanos en el Régimen de Excepción”, el cual contó con el apoyo de el Comité Óscar Romero (COR) de Torrejón de Ardoz y la Unión Comarcal del Henares.
Ivania Cruz, abogada y portavoz de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios, definió a Bukele como un personaje hábil para venderse a través de las redes sociales, como un presidente progresista, pero que aplica políticas neoliberales con tintes fascistas. Además, dijo que Bukele manipula a las instituciones del Estado y quita jueces que no son sus fieles servidores. Además recalcó que Bukele fue reelegido ilegalmente y mantiene un régimen de excepción desde marzo de 2022.
Según Cruz, han atendido más de 100 casos de presos, de los que ha conseguido la liberación de 19. Indicó también que entre los presos hay torturas generalizadas, falta de asistencia médica e insuficiencia de agua y alimentos.
Los abogados UNIDEHC también informaron que está previsto que en junio de 2025 comiencen audiencias masivas a grupos de 200 personas de manera conjunta. Estas audiencias serán presididas por jueces sin rostro.
La unidad dijo que actualmente atiende a 8 comunidades con más de 1.200 familias que sufren amenazas de desalojo ante proyectos gubernamentales. Además, asesora y asiste a 3 sindicatos ante la falta de credenciales por parte del Ministerio de Trabajo, y sobre derechos laborales.
Mercedes Gómez, del Comité Óscar Romero, informó que El Salvador lleva en Estado de Excepción desde marzo de 2022. Durante este tiempo los derechos humanos han sido violados constantemente, de manera distinta a la pre-guerra, la guerra y la posguerra que sufrió este país, entre 1980 y 1992.
Por su parte, Carolina Molina, salvadoreña, abogada y miembro del COR citó un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que señala que cerca de 90.000 personas han sido detenidas sin ningún tipo de garantía de respeto de sus derechos humanos. Hay documentadas 92 muertes hasta marzo pasado, según el informe de la CIDH.
Ese amplio informe, pone de manifiesto, según Molina, entre otras cosas, que es falso el dilema entre luchar contra la violencia o respetar los derechos humanos. Concluyó que el Estado tiene la obligación de luchar contra la violencia, dentro de un contexto de respeto a los derechos humanos.
