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Ezequiel Linares
@EzequielLinar12
El periodista ambiental y comunicador institucional Eduardo Barahona fue sobreseído provisionalmente luego de que el juzgado de San Vicente declarara inconsistencias en las acusaciones por delito de estafa y falsedad ideológica.
La audiencia se realizó este miércoles y la libertad de Barahona dependerá de la apelación de la FGR.
El Juzgado tendrá que ventilar la solicitud de revisión de medidas para sustituir la detención.
Según un comunicado de UNES, el juez resolvió sobreseimiento provisional, puesto que, en su valoración, no existe elementos probatorios suficientes para tener un caso en contra de Eduardo, además de advertir varios errores en la investigación.
La resolución implica la libertad de Eduardo, aunque no de manera inmediata, pues hay un plazo de 5 días que tiene la FGR para apelar.
“Algo que consideramos que esta institución no hará, pues está completamente fuera de lugar, por no existir pruebas existentes o suficientes para el caso, considerando que, evidentemente, el documento que utilizan en los hechos está alterado en su fotografía y las firmas de los documentos atribuidas al comunicador son diferentes a la de su documento de identidad”, detalla el comunicado de UNES.
El abogado defensor de Barahona, Oswaldo Feusier, dijo que el juez observó lo que se venía señalando, una severa cantidad de inconsistencias en el caso de Eduardo.
“Hacía falta grafoteccnia, el reconocimiento no tenía ningún valor, no había una constatación de la persona que supuestamente fue estafada o era propietaria del vehículo que fue estafado, entre otras cosas o más graves.
El sábado 10 de abril, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se presentaron al lugar de residencia del periodista, comunicador institucional y defensor ambiental, para notificarle que el Juzgado Segundo de Instrucción de San Vicente había girado una orden de arresto en su contra.
Según la PNC se le estaba acusando por el por delito de estafa y falsedad ideológica. El periodista a pesar del desconcierto y la confusión decidió colaborar con las autoridades a fin de esclarecer la situación.
De acuerdo a los datos expuestos en el expediente público del caso, en el año 2015 su identidad y documentos personales fueron alterados y utilizados por otra persona para cometer una estafa.
La estafa estaría vinculada en la compra de un vehículo, hecho ocurrido en el departamento de San Vicente. Según las investigaciones, días antes del delito, Eduardo fue víctima de robo de sus documentos de identidad y teléfono móvil.
Mediante lo anterior, se puede comprobar por medio de conversaciones de chat que tienen registradas sus amistades. Pero durante ese año Eduardo todavía cursaba la carrera de Licenciatura en Periodismo de la UES.
Durante sus estudios, a Eduardo nunca se le vinculó a actos delictivos y siempre tuvo una actitud crítica y honesta con sus compañeros y compañeras.
En el año 2016 el caso pasó al Juzgado de Paz en San Vicente y posteriormente, al Juzgado Segundo de Instrucción de esa misma localidad. En todo ese tiempo y hasta el día de su captura, Eduardo no había recibido ningún citatorio o aviso para esclarecer la situación.
Luego, el periodista desconocía por completo del proceso judicial que se llevaba en su contra y evitando que el pudiera ejercer el derecho a demostrar su inocencia y ante la ausencia, el Juzgado lo declaró en rebeldía.
