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Redacción Nacionales
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La comisión especial de la Asamblea Legislativa que investiga la entrega de sobresueldos en gobiernos anteriores recibió al actual diputado de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Rodrigo Ávila, y al expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Agustín García Calderón, para que explicaran supuestos sobresueldos que habrían recibido durante su estancia en las instituciones que ellos dirigían.
Rodrigo Ávila fue por segunda ocasión, director de la Policía Nacional Civil (PNC), cuando el país era liderado por el ahora condenado, Elías Antonio Saca. Ávila devengaba un salario cerca de los 3 mil dólares, y confirmó que recibió “estipendios”, provenientes de los gastos reservados de la Presidencia. Los montos rondaban los 5 mil dólares.
Que según manifestó Ávila, fueron para seguridad personal y familiar, ya que por el cargo que ocupaba sufría constantes ataques, de hecho, afirmó que fueron 4, donde incluso hasta miembros de su familia estuvieron “a punto” de perder la vida. Sin embargo, fue hasta la Presidencia de Saca quien recibió dichos estipendios. Los diputados cuestionaron el porqué de estos estipendios, si se suponía que realizaba un “trabajo efectivo”. Por lo cual, Ávila contextualizó su primera intervención en la PNC luego de los Acuerdos de Paz.
“En esa época había un conflicto de posguerra. Aquí se robaban 37 vehículos diarios a mano armando, habían bandas conformada por gente de la ex Fuerza Armada y ex guerrilla. En esa época tuvimos que formar de cero a la policía”, comentó.
Los fondos que eran destinados para su seguridad, estaban avalados por la Ley de Presupuesto, aprobados por la Asamblea Legislativa informó Ávila.
Entre tanto, Ávila dijo que todos los fondos que recibió para la institución en materia de seguridad, fue legal, e incluso afirmó que ya los declaró en la Fiscalía General de la República (FGR) a petición de un juzgado en el 2017, en sede fiscal.
“A mí me pidieron muchas valoraciones y una que puedo hacer, es que precisamente esta comisión solo quiere investigar posibles hechos irregulares en las presidencias pasadas, pero ignoran total y absolutamente esas que a todas luces están ocurriendo en este gobierno, eso no les interesa”, criticó Ávila tras salir de la comisión.
“No les interesa hablar por ejemplo de los puestos ad honorem, donde ese es precisamente un tema que tiene que ver con esto y hay muchísimos funcionarios que tiene esos puestos, donde están ganando dinero que no está en el presupuesto general de la nación”, agregó.
Expresidente de la CSJ negó que el Órgano Judicial recibiera sobresueldos
El otro citado de ayer fue el expresidente de la Corte Suprema de Justicia en el período 2000 a 2009, Agustín García Calderón. Este afirmó que generaba ingresos por venta de inmuebles y desempeñarse como docente, aparte de su salario.
Reveló también que, a su retiro en el 2009, le otorgaron un bono de $28 mil pero que estaban amparados en la Ley del Consejo Nacional Judicatura y la Carrera Judicial
Los diputados del oficialismo cuestionaron a García Calderón sobre un informe de la Sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia.
Indicaron que en las conclusiones mostraron “indicios de enriquecimiento ilícito” en el patrimonio del exfuncionario. Fue William Soriano, de Nuevas Ideas, quien leyó un extracto del informe de Probidad en el que se “concluye la persistencia de irregularidades señaladas como indicios de enriquecimiento ilícito de Agustín García, por un valor total de $165,252.97”. Por su parte, el expresidente de la CSJ entregó el resultado final del perito almacenado en una “USB”.
Calderón dijo que la Sección de Probidad, que lo resuelve la Corte Plena, “en ningún momento se refirió que había pruebas, sino indicios de enriquecimiento ilícito”, expuso.
En el segundo trimestre de este año, la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, absolvió a Agustín García Calderón, del delito de enriquecimiento ilícito.
En ese entonces, la resolución de la Cámara detalló que Calderón tenía la capacidad económica para ahorrar y comprar vehículos, por lo cual, fue absuelto.
En la comisión, le proyectaron un video donde el exsecretario privado de la Presidencia de Saca, Elmer Charlaix, declaraba que el Órgano Judicial recibía “un apoyo institucional” por $20 mil mensuales. Calderón negó que existieran dichos sobresueldos.
El tercer citado de ayer, era la diputada Margarita Escobar, de ARENA. Sin embargo, el presidente de la comisión, Jorge Castro, informó que la legisladora remitió una solicitud para requerir que se traslade el citatorio para otro día. “Ella ha pedido un permiso sin goce de salario, en su calidad de diputada, para no venir a trabajar, pero eso no la exime de cumplir con el citatorio”, detalló Castro.
Se supo que, Escobar tiene una especie de secuelas a causa de la COVID-19, y por ello no llegó a la comisión.
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