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José M. Tojeira
En repetidas ocasiones he tocado el tema de los sobresueldos con políticos tanto de ARENA como del FMLN. Siempre animé a las personas con las que hablé a insistir en sus partidos en que pusieran mejores salarios a los Ministros (no sabía que los fiscales también cobraban) y funcionarios altos del gobierno. El miedo era siempre a las críticas que se podrían recibir si se les doblaba públicamente el salario a este tipo de empleados. Que un ministro ganara menos que un magistrado de la Corte Suprema o que un diputado con puesto en la dirección de la Asamblea me parecía ridículo. Y más ridículo todavía que tuvieran que pagarle en sobre oculto, sin registro y sin poder declararlo en la declaración de renta (algo a todas luces ilegal). No sabía los montos que se entregaban, lo que me hacía pensar que andaba entre los dos mil o dos mil quinientos dólares más en la actualidad. Desde mi ingenuidad pensaba que sería un complemento igual para todos, pero no estas cifras arbitrarias que según el anterior fiscal oscilaban, al menos en lo que a él correspondía, a una suma astronómica: entre 10.000 y 20.000 dólares.
Vinculada a esta actividad sabía que estaba la que anteriormente llamábamos partida secreta. Una crítica mía bastante fuerte a dicha partida, publicada en un periódico, me valió una carta de Mauricio Funes manifestando su inconformidad. Sabía también que de esa partida se pagaba ilegalmente al Organismo de Inteligencia del Estado (OIE). Y digo ilegalmente porque toda institución del Estado creada por una ley de la República debe aparecer en el presupuesto nacional. Y el OIE, desde que fue creado por decreto ejecutivo en 1992, apoyándose en una ley de la república que le daba al presidente la facultad de organizarlo y dirigirlo, nunca apareció en el presupuesto nacional. E incluso después, cuando fue necesario, a partir de un reclamo constitucional, refundar la OIE desde una decreto legislativo, la OIE continuó siendo la gran desaparecida del presupuesto nacional, cometiendo con ello todos los gobiernos y las sucesivas Asambleas Legislativas una violación de la Constitución. Si se quisiera mantener en secreto el presupuesto de la OIE, incluso con respecto a la Asamblea Legislativa, habría que hacer una reforma constitucional.
Este modo de actuar tanto en los sobresueldos, como en estos gastos secretos de la OIE que salen de la misma partida, denominada por la gente como secreta, se presta indudablemente a que se produzca corrupción. Ciertamente la transparencia y la claridad de las cuentas se enturbia y puede incluso desaparecer. Además conlleva una especial dependencia de los funcionarios. Si un Fiscal recibe entre 10 y 20.000 dólares extra de parte del Ejecutivo, tiene un dependencia mayor del mismo que si tuviera un salario autónomo. Un Ministro que recibe un sobresueldo que pueda ser varias veces superior a su salario oficial, tiene una dependencia tanto del partido como del Ejecutivo demasiado fuerte. Es cierto que no todos los ministros han tenido sobresueldos. Pero la tendencia ha sido a darlos, aunque algunas personas los hayan rechazado.
Aunque en nuestro país hay muchas cuestiones pendientes, la de la transparencia es fundamental para ganarse la confianza ciudadana. La gente tiene la experiencia de que los fondos se utilizan mal. Las publicaciones sobre las mentiras y los gastos oscuros del actual y reciente presidente de la Asamblea Legislativa no sólo ensombrecen a su persona, sino en buena parte a la Asamblea Legislativa, incapaz de censurarle. Una comisión de ética parlamentaria que tenga la capacidad y la voluntad política de medirles las costillas a algunos diputados es imprescindible para mejorar la imagen de la Asamblea. Los delitos y faltas cometidos por los ciudadanos deben tener sanción. Pero los de los diputados y funcionarios debían ser juzgados con mayor rigor que la del resto de los ciudadanos por estar al servicio de la ciudadanía y traicionar la exigencia constitucional de “notoria honradez” (Art. 126). Pero esa misma “notoria honradez”, más allá de los delitos, exige una supervisión intraparlamentaria seria. No se puede decir que se va a hacer un viaje, recibir dinero para hacerlo, y después quedarse con el dinero y no devolverlo. Los rateros, sean diputados o delincuentes callejeros, no pueden ser tildados de honradez notoria. Aunque viendo la definición principal de ratero que da la Academia de la Lengua, resulta difícil aplicarla a un diputado. Pues el diccionario dice que ratero es “el que hurta con maña y cautela cosas de poco valor”. Un diputado que miente para quedarse con dinero ni tiene maña, ni es cauteloso, ni generalmente se queda con cosas de poco valor.
Un remedio de largo plazo es invertir más en educación. Conocer responsabilidades, recibir educación en valores, además de mejorar la calidad de la enseñanza nacional, es una urgencia en El Salvador. Pero además de eso hay que actuar en el plazo inmediato. Corregir la costumbre de los sobresueldos o de los presupuestos indeterminados como el de la OIE, crear una comisión de ética en la Asamblea que realmente funcione, son medidas que debían tomarse de inmediato. No es, por supuesto, suficiente para corregir toda una serie de problemas en los que las causas se llaman desigualdad, bajos salarios, pobreza y violencia. Pero al menos se contribuiría a ganar confianza ciudadana en que las cosas funcionan desde las leyes, normas y valores de la democracia, y no desde el capricho y la arbitrariedad. Y la confianza ciudadana al final es la que puede volcar la situación del país hacia un desarrollo sostenible. Un amigo mío, por cierto del FMLN, habla siempre de la necesidad de buscar una correlación de fuerzas positiva para mejorar la situación de país. Si no hay confianza ciudadana ni la correlación de fuerzas nos llevará a buen fin.
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