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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
“Los recordatorios están vivos”, dice Juana de Jesús Realegeño. “Chunguita”, como la llaman en la comunidad, en pocas palabras muestra todo el dolor que por más de treinta años ha venido guardando por el asesinato de su familia, en las márgenes del río Amatitán Abajo, municipio de Santa Clara, San Vicente.
“De milagro estoy viva, creo que Dios andaba conmigo la mañana de ese día, recuerdo que comenzaron con morteros, con bombazos por todos lados, los aviones y cómo silbaban las balas, y los soldados venían avanzando en circular y decidimos salir huyendo. Mi madre María Lorenza, de 55 años, se llevó a mi hijo de 4 años Milton Erasmo (es sobreviviente) que se lo quitaron a mi mamá los soldados antes de matarla, junto a otra parte de mi familia. Los hicieron tres pedazos en el río y los tiraron, esos días las aguas de ese río fueron rojas de tanta sangre”, narró Juana de Jesús, quien sobrevivió a la masacre de El Calabozo.
Documentada en el Informe de la Comisión de la Verdad, la Masacre de El Calabozo, ocurrida el 22 de agosto de 1982, forma parte del registro de tres emblemáticos asesinatos colectivos, ejecutados por el Estado Mayor de la Fuerza Armada, que contaba con el apoyo de las autoridades de los tres poderes del Estado y cooperación militar y financiera del gobierno de los Estados Unidos, en la década de los años ochenta, durante el conflicto armado que se extendió por doce años.
Los datos oficiales y de medios de comunicación confirmaron en esas fechas el desarrollo de un megaoperativo militar al norte del departamento de San Vicente, en los que participaron los BIRI (Batallón de Infantería de Reacción Inmediata) Atlacatl y Belloso, así como otras brigadas de artillería de la zona, con el reporte de un enfrentamiento con fuerzas insurgentes (guerrilla) pero que se estableció posteriormente por miembros de la Comisión de la Verdad que se trató de población civil desarmada.
El silencio de un río de suelo de piedra y los cantos de los pájaros es interrumpido solo por el sonido de palas y piochas en la tierra. La voz de la experta Silvana Turner, del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), indica al grupo del Instituto de Medicina Forense (IML) los pasos a seguir para la exhumación de los restos óseos de la familia de Juana María Realegeño, que se encuentran en un improvisado nicho, después que fueron ejecutados por soldados que venían persiguiéndoles desde las márgenes del río Amatitán.
La exhumación es un trabajo de paciencia y acuciosidad, tamizar la tierra del lugar para recuperar dientes o pequeños fragmentos de hueso, así como el uso de pequeñas brochas, picas y cepillos a fin de ir delimitando los hallazgos de los restos, vestimentas o cualquier otro objeto encontrado, a fin de registrar con fotografías profundidad y la ubicación geográfica del hallazgo.
El lugar de la exhumación está en el caserío Las Guayabillas, cantón San Jerónimo, municipio de Santa Clara, que colinda con el caserío de Amatitán Abajo, en San Vicente. Un puñado de tierra cercano a los restos son depositados con delicadeza en una bolsa forense, que será entregada a “Chunguita”, por Carolina Constanza, coordinadora del Centro para la Promoción de los Derechos Humanos “Madeleine Lagadec”.
“Esta tierra simboliza para Chunguita (Juana de Jesús) la esencia de sus padres y sus hermanos, y antes que se lleven sus restos para ser examinados con pruebas de ADN, ella quiere quedarse con este poco de tierra y cuando los devuelvan y se les haga un funeral digno, ella devolverá la tierra en la tumba para sus padres y familiares”, expresó Constanza.
Los testimonios son desgarradores, comentó Constanza, al señalar la declaración de Joaquín, uno de los sobrevivientes de la familia Realegeño, quien quedó bajo todos los cadáveres, y pudo salir después a buscar a otro familiar, una odisea que le llevó más de una semana, para luego regresar y enterrar los restos que quedaron en ese lugar.
“Nosotros hemos acompañado desde 1992 a estas víctimas, fueron alrededor de ocho personas que pusieron la denuncia en el juzgado de San Sebastián, se hizo la inspección posterior, entonces hay evidencia, pero la Ley de Amnistía (1993) cerró el caso y fue reaperturado luego de la derogatoria de dicha ley por la Sala de lo Constitucional. Nosotros trabajamos con ellos, no solo la parte judicial, también los acompañamos en la parte organizativa y memorial, porque si bien aquí (exhumación) es una muestra pequeña, sí hubo una masacre que diezmó la vida de 200 personas, donde la mayoría murió al ser lanzada al río, para borrar las evidencias. Aquí en este lugar quedó un niño de 11 años, dos niñas entre los 14 y 16 años”, dice Joaquín.
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