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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Con un acto y colocación de una ofrenda floral en el Monumento a la Memoria y la Verdad, del parque Cuscatlán, San Salvador, Carlota Ramírez Hernández, junto a familiares, amigos, organizaciones de la Mesa Contra la Impunidad en El Salvador (MECIES) y del Grupo Gestor para la Aprobación de la Propuesta de Ley de Reparación Integral de Víctimas del Conflicto Armado, recordaron el asesinato y desaparición forzada de sus seres queridos.
Este hecho es atribuido a efectivos de la Fuerza Armada, quienes entre el 9 y el 10 de mayo de 1982, en el volcán de San Salvador, capturaron, desaparecieron y asesinaron a nueve miembros de la familia Ramírez, crímenes que siguen en la impunidad, por lo cual pidieron procesar a quienes perpetraron estos hechos y que el actual gobierno continúe con esa solución en favor de la justicia para las víctimas y sus familiares
Durante el proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado salvadoreño había llegado a una solución amistosa con los familiares sobrevivientes, aunque luego se retractó, dejando a las víctimas en total abandono.
Ramírez Hernández, quien es una sobreviviente de la masacre, recordó que el 9 y 10 de mayo de 1980 el ejército combinado con escuadrones de la muerte llegaron a sacar a su hermano mayor Rufino, una hermana menor de 18 años, quienes fueron asesinados; luego se llevaron con rumbo desconocido a su papá y sobrinos de 13 y 14 años.
A los dos meses capturaron a la mamá y Salvador, su hermano, solamente pudo encontrar a la madre en el cuartel de artillería.
“Fue un soldado que estaba allí, quien me dijo que mi madre estaba en ese lugar y él la cuidaba, mi hermana y yo con un bebé en brazos cada una, la fuimos a buscar, pero nos dijeron que en ese lugar no había mujeres y mucho menos ancianas. Fuimos llevadas a bartolinas y luego que nos liberaron fui al Comité Internacional de Cruz Roja, allí me dieron una carta para traerla”, detalló.
Luego de liberar a la madre de Carlota el ejército le dijo que a ella era a quien buscaban, la dejaron libre, pero con la condición de presentarse al cuartel cada semana a firmar, sin embargo, la Cruz Roja le ayudó para que junto a su madre salieron a un refugio, ya que la vivienda fue quemada por los militares.
Entre tanto, Sofía Hernández, familiar de personas desaparecidas durante el conflicto armado, externó que desde hace 40 años no pueden celebrar el Día de la Madre, porque en unos casos no han podido encontrar a sus seres queridos desaparecidos, en muchos otros esperan justicia por sus asesinatos.
“Le pedimos al actual presidente que cumpla con el pueblo, que ha sido desangrado cruelmente en toda la guerra, él dijo que en el monumento del parque Cuscatlán haría un museo para que pudiéramos conmemorar las diferentes actividades, pero no hemos tenido eco y no nos han dado ninguna respuesta; esperamos verdad, justicia y reparación”, manifestó Hernández.
Eduardo García, de la Asociación Pro-Búsqueda, cuestionó al Estado dónde conmemoran las madres de los desaparecidos, pues el único lugar donde pueden enflorar, recordar y rendir tributo a sus hijos es en monumento a las víctimas del parque Cuscatlán, el cual fue construido por iniciativa y fondos de las organizaciones defensoras de derechos humanos.
Indicó que actualmente el monumento fue destrozado en la parte inicial del relieve, después de tres años del gobierno no ha sido restaurado, el presidente Nayib Bukele tampoco le apuesta a la verdad, justicia y reparación; por lo cual el llamado es a no proteger a los victimarios y acusar a las organizaciones de defender a pandilleros, cuando son ellos quienes protegen a los que asesinaron a las personas del conflicto armado.
“El llamado es al gobierno para que a través del Ministerio de Cultura invierta en el monumento, en restaurarlo y rehabilitarlo, que cumpla a estas madres su promesa de hace tres años de construir un museo en el parque Cuscatlán, quienes son desatendidas, de extrema pobreza y encima se les señala por los mismos hechos que en el pasado”, reiteró García.
Asimismo, consideró que los recursos económicos no son pretextos con el actual gobierno, pues si está en la capacidad de invertir en una nueva moneda, aeropuerto, tren y más de $30 millones en la reconstrucción del parque Cuscatlán cómo no tendrá $20,000 en restaurar el monumento.
Las organizaciones exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) informar de los 150 casos de crímenes durante la guerra que han sido presentados, las investigaciones que se están haciendo y su estado a nivel judicial. Así como a la Corte Suprema de Justicia agilizar los casos judicializados y se garantice que los tiempos permitan presentar los testimonios de las víctimas y testigos, todo ello bajo las reglas del derecho internacional humanitario y los derechos humanos.
