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Redacción Nacionales
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Juan Antonio Durán, juez de Sentencia de Zacatecoluca, denunció la noche del miércoles, a través de redes sociales, que su sobrino, Edwin Stanley Guzmán Ramírez, fue detenido arbitrariamente por soldados y llevado al puesto policial de Apopa, bajo el régimen de excepción.
Explicó que a su sobrino lo fueron a sacar de su casa, donde descansaba, y se lo llevaron con la mentira de que su DUI tenía “un error”, porque aparecía el nombre de otra mamá. Sin embargo, en el puesto policial los soldados se limitaron a decir que ya estaba en manos de los policías, quienes lo esposaron y le informaron que quedaba detenido por “agrupaciones ilícitas”.
“Edwin tiene doce años de trabajar en Lactolac S.A. de C.V.; no ha pertenecido, ni pertenece a pandillas, tampoco a grupos criminales, se ha dedicado a trabajar como obrero y tiene una familia con niños pequeños. Esta es una detención arbitraria, ilegal e injusta”, aseguró.
El juez Durán ha sido crítico de las políticas de Nayib Bukele, por socavar la institucionalidad democrática, la independencia judicial y los derechos humanos.
También, calificó como un “asesto a la Sala de lo Constitucional” el imponer magistrados afines al Gobierno; se mostró en contra la reforma a la Ley de la Carrera Judicial, donde muchos jueces fueron destituidos y señalados de supuesta corrupción.
Según Socorro Jurídico Humanitario, durante el régimen de excepción se ha identificado que la mayoría de detenciones de personas no vinculadas con pandillas cuentan con un factor muy importante en común: los familiares de los detenidos no saben absolutamente nada de ellos.
Es decir, se pasa de las detenciones arbitrarias a algo mucho peor, como es el delito de “desaparición forzada”, ya que cumplen con los elementos, pues la privación de libertad es en contra de la voluntad de la persona; hay participación de agente gubernamentales y la negativa de las autoridades a revelar el paradero de la víctima.
Socorro Jurídico Humanitario identificó que, en la mayoría de casos, a los detenidos se les pierde el rastro desde el momento en que son arrestados por elementos de la PNC o la Fuerza Armada, en algunas de estas detenciones, las familias se han dado cuenta del fallecimiento de sus seres queridos semanas o, incluso, meses después del deceso.
