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Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
Organizaciones ambientalistas y por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, con acompañamiento de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), exhortaron a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia a desestimar las pretensiones de una empresa constructora, que ya desconoció una resolución que dictaba respetar el área de influencia del sitio arqueológico Tacushcalco.
La inmobiliaria Fénix S.A. de C.V. desarrolla en el municipio de Nahulingo, departamento de Sonsonate, el proyecto urbanístico “Acrópoli-Sonsonate”, el cual afirman las organizaciones ha destruido ya parte del sitio arqueológico, y esta contaminando el río Ceniza, afectando a más de 6,000 pobladores de 16 comunidades de la zona.
Instituciones como el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Tribunal Ambiental de Santa Ana han ordenado ya detener del proyecto. En marzo de este año, dicha instancia dictaminó que la empresa desacató una orden judicial por lo que notificó a la Fiscalía General de la República para que procediera penalmente.
La acción penal promovida por el Ministerio Público ya está siendo conocida por un tribunal de sentencia de Sonsonate, el cual ya aplazó hasta en tres ocasiones la audiencia para conocer el caso de desacato en el que incurrió la constructora. La constructora también denunció ante la Cámara de lo Contencioso Administrativo una presunta violación de su seguridad jurídica por parte del Ministerio de Cultura, la cual ya fue desestimada.
“La Sala de lo Contencioso Administrativo está próxima a emitir un fallo sobre la apelación que ha presentado la constructora Fénix S.A. de C.V. para revocar una resolución del año 2017 emitida por el Ministerio de Cultura que ya estableció la necesidad de proteger el área de Tacushcalco, deteniendo el proyecto “Acrópoli-Sonsonate” ubicado en una zona de influencia declarada como patrimonio cultural en 1997, detalló Salvador Recinos, portavoz de la Unidad Ecológica de El Salvador (UNES).
Recinos dijo esperar que la Sala se pronuncie apegada a derecho y que se haga valer la justicia en lo que denominó un caso de “irrespeto a todo el marco jurídico ambiental”, y enfatizó en la vulneración de los derechos ambientales y culturales de los pobladores del lugar.
Las organizaciones llamaron al Estado salvadoreño a que tenga en consideración una expropiación de los terrenos que componen el sitio arqueológico e implementar un proyecto que de valor a la zona declarada como patrimonio cultural.
