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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Los retenes en distintos puntos de las carreteras que dan acceso a la ciudad capital y los patrullajes de miembros del ejército y la Policía Nacional Civil no fueron suficientes para desanimar a los participantes de la marcha que realizó el movimiento social, sindical y diversas organizaciones para conmemorar la histórica fecha de la firma de los Acuerdos de Paz. Además fue una marcha de denuncia contra el gobierno, que “ha generado un retroceso grave en materia de derechos humanos”, acotó, Sonia Urrutia, dirigente del BRP, una de las organizaciones convocantes.
La firma de los Acuerdos de Paz, el 16 de enero de 1992, se convirtió en una fecha histórica porque puso fin a 12 años de conflicto armado en El Salvador, producto de un diálogo entre las fuerza en pugna, pero impulsado por la población civil, así como la comunidad internacional.
El Acuerdo de Paz permitió crear una institucionalidad que garantizara un Estado democrático, con enfoque de derechos humanos.
No obstante, el actual presidente Nayib Bukele, en diversas alocuciones ha calificado esta fecha como una “farsa” y de llamar a los firmantes “actores corruptos”, que en tres años de gestión ha enfocado su intento de relegarla oficialmente de la memoria colectiva.
“Este día, con mucha valentía hemos decidido marchar para conmemorar la firma de los Acuerdos de Paz, y no podemos celebrar -cuando- este gobierno ha desarrollado toda una campaña para negarlos, pues todo el movimiento popular y las organizaciones que estamos aquí presentes, pues estamos aquí para reivindicarlos y claro denunciaremos los retrocesos en materia de derechos humanos y de los cuales somos víctimas”, dijo Fran Omar, del BRP.
Omar también trajo a cuenta las detenciones políticas realizadas por la Policía Nacional Civil, con el apoyo de la Fiscalía General de la República, y el silencio cómplice de la Corte Suprema de Justicia, que consideró, Omar son una violación a los derechos fundamentales de los líderes comunitarios y sindicales, en un marco de Estado de Excepción que se ha constituido en un “régimen de terror”.
“Frente a esta realidad de presos políticos, de masivos despidos y de nula garantía de los derechos de la ciudadanía y la criminalización de la protesta y la pobreza, el Bloque de Rebeldía Popular , junto a otras organizaciones sociales, denunciamos con toda nuestra indignación el retroceso del marco democrático del país”, sostuvo Omar.
El dirigente popular señaló que a los más de 75 mil personas que ofrendaron su vida para un cambio democrático en el país, y que dio pie a la firma de los Acuerdos de Paz, el compromiso social de las nuevas generaciones era “obligatorio” honrar la memoria de estas personas.
Ivania Cruz, en representación del Comité de Presos y Presas Políticas, en su intervención se refirió a los diversos procesos que violentan el marco jurídico judicial y la Constitución de la república. La “más clara evidencia de una descomposición institucional y de los poderes del Estado”, que impacta a la población, agregó.
“Por esa falta de democracia, por esa falta de independencia, por esa falta de confianza en las instituciones, es que nos tomamos las calles hoy (domingo 15) en denuncia contra el presidente Nayib Bukele y el clan que gobierna este país por ahora”, manifestó.
“Estamos aquí, precisamente para la defensa de la democracia, de los derechos humanos y no permitamos su reelección para que consolide la reelección que hoy por hoy está gobernando el país. Ya no queremos un conflicto de 12 años, donde hubo miles de desaparecidos, miles de víctimas que no son una farsa, es un insulto, negarlo, pues murieron miles de personas y existe aún la impunidad en ese país”, expresó Ivania Cruz.
Mientras, Sonia Urrutia, del BRP, manifestó que los problemas sociales y económicos del país, se intensifican como el alto costo de la Canasta Básica versus los despidos de trabajadores públicos y municipales, sin ninguna justificación más que asignar la plaza a simpatizantes del partido oficial (NI).
“Es grave que el gobierno no presente al pueblo salvadoreño alternativas para poder resolver la situación grave que enfrentan la mayoría de familias salvadoreñas, por esto es que marchamos ahora contra esta nueva dictadura oligárquica, y porque los diputados (Nuevas Ideas) no han hecho leyes para el pueblo salvadoreño”, agregó Urrutia.
Hemos vuelto a los años setenta, señalaron los representantes de los diversos colectivos, quienes coincidieron que la única alternativa previo al conflicto armado de la década de los años ochenta, en donde la población pobre era estigmatizada por su disenso con el gobierno en turno, y tuvo que salir a las calles para impulsar sus denuncias y reivindicaciones.
Leonel Rivas, miembro de la comunidad Santa Marta, Cabañas, reafirmó que acompañaban la marcha para sumarse y exigir la libertad de sus compañeros capturados el pasado 11 de enero. Ellos son Antonio Pacheco, director de ADES, el jurídico Saúl Rivas, así como de los líderes comunitarios Pedro Antonio Rivas, Alejandro Laínez y Miguel Gámez.
“Santa Marta ha vivido un acontecimiento que nos hace revivir los fantasmas de la guerra, al ver actuar a la Fiscalía y la Policía Nacional Civil, en horas de la madrugada, allanando las casas de nuestros compañeros… nos hace más que despertar los temores del pasado”, dijo
“A 31 años de la firma de los Acuerdos de Paz, este país, lejos de avanzar garantizando una paz duradera y justicia para el pueblo, lo que hace es retroceder como camina un cangrejo. Este país ha retrocedido de manera significativa y queremos denunciar que lo ocurrido en Santa Marta, no es una búsqueda de justicia, lo que ocurrió es frenar la resistencia antiminera en el departamento de Cabañas y en nuestro país”, reiteró Rivas.
Similar lectura realizó Ricardo Navarro, presidente ejecutivo del CESTA, al señalar que el gobierno debe entender que no puede enfocarse en el desarrollo si afecta al medio ambiente, ante los problemas del agua y su contaminación, la seguridad alimentaria, la eliminación de la biodiversidad en el marco del cambio climático.
“Este país tiene problemas de la A a la Z, y el gobierno parece que no lo entiende, por eso protestamos, por estas situaciones y con la esperanza que pueda cambiar. Y eso que ocurrió en Santa Marta -ADES, es un retroceso y mucho más cuando quieren involucrarlos en un supuesto asesinato de una persona hace más de 40 años, es preocupante, porque no están llevando de nuevo a la confrontación, al conflicto”, consideró Navarro.
“Esa acusación a líderes de ADES no puede desligarse de lo que ocurre en Cabañas, en este momento hay personas del Perú, que trabajan para una empresa china y se están reuniendo con miembros de la localidad, diciéndoles que la minería les traerá beneficios -a mi juicio- lo que está generando el gobierno es miedo en la población para que no se involucre ni proteste por la minería que desean implementar y esto es sumamente grave”, reprochó Navarro.
Igualmente, Salomón Alfaro, del Movimiento de Trabajadores Despedidos, denunció la persecución política que los sindicatos y otras organizaciones enfrentan actualmente, así como, los medios de comunicación independientes del oficialismo, argumentó.
“Hay persecución para todo el movimiento social, pero venimos a exigir el pago del salario y prestaciones de los compañeros y compañeras de las distintas alcaldías que se los han tomado. Y queremos la libertad inmediata de los compañeros capturados en el municipio de Soyapango”, exigió.
“Queremos denunciar también la gran corrupción que existe actualmente, ya son 4 mil millones de dólares que la institucionalidad del gobierno no rinde cuentas al pueblo. Es por esto, que el Movimiento de Trabajadores Despedidos acompañamos todas las reivindicaciones sociales de todos los colectivos que participamos este día”, puntualizó Alfaro.
Las orgnizaciones de la Alianza Nacional Salvadoreña en Paz también participaron en la marcha, solo que estas salieron de los alrededores del INDES, pero al igual que las del PRP finalizaron en la Plaza Cívica en señal de la unidad en la acción.
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