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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“Rosa Elvira del Cid, Priscila López, José Daniel Claros… ¡Están aquí y quieren verdad!”, coreó un grupo de mujeres y hombres que leyeron un listado de decenas de nombres de las víctimas de la masacre El Mozote y lugares aledaños, ocurrido en diciembre de 1981, en el municipio de Meanguera, Morazán.
Las barricadas de alambre sirvieron de marco a los claveles y rosas rojas, que colocaron este grupo de personas de la sociedad civil, quienes demandaron ante el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada la apertura de los archivos militares relacionados con los operativos de esos años del conflicto armado.
“Es el Estado, a través de la Presidencia, que impide que las diligencias judiciales se lleven a cabo, incurriendo en delito y fortaleciendo la impunidad”, dijo Amanda Castro.
En su pronunciamiento público, señalaron que han pasado 39 años de este crimen de lesa humanidad, sin ninguna esperanza para las víctimas sobrevivientes de obtener verdad y justicia, para construir la paz social de manera permanente.
“El pasado 21 de septiembre, en cumplimiento de resolución judicial firme, el juez y las personas peritas designadas se presentaron a las instalaciones del Estado Mayor Conjunto para realizar una inspección de archivos militares. Ver a un juez de la República ser rechazado por un miembro de las Fuerzas Armadas no deja solo una preocupante imagen de desobediencia militar al poder civil, sino que además vuelve a poner a las víctimas y la sociedad en su conjunto en el tiempo en que la seguridad nacional era la personificación del terror”, dijo Castro.
Asimismo, como sociedad civil, endosaron su apoyo a las víctimas sobrevivientes y familiares, en su lucha de más de tres décadas en busca de la justicia por parte del Estado salvadoreño, que les ha negado la resarcimiento de sus derechos civiles y sociales.
“Por esto estamos aquí, para decir a viva voz que no estamos dispuestas a consentir que las fuerzas armadas se excedan en su actuación. Testigos somos de las atrocidades y crímenes que fueron capaces de cometer, cuando lo hicieron, es por esto que aquí y ahora les decimos: ¡nunca más! es por esto que estamos aquí frente al Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, para exigirles que dejen de lado su histórica cobardía y asuman quienes son y que han hecho”, agregó.
En cuanto a la apertura de los archivos militares, Irma Serrano enfatizó que estos contienen “la verdad de esos hechos violentos” y, por tanto, no les pertenecen a ellos, sino a la población salvadoreña.
“No se puede tapar el sol con un dedo, la verdad saldrá a la luz tarde temprano, porque la historia avanza y el juicio (contra los militares del Alto Mando en los años ochenta), les pedimos que sean parte de la paz y pidan perdón. Le pedimos al presidente Nayib Bukele estar del lado de las víctimas y no impida más las diligencias judiciales con los archivos militares. Y acompañamos al juez (Jorge Guzmán) que ha mantenido su independencia judicial en la investigación del caso de la Masacre de El Mozote, Cerro Pando, Los Toriles, Jocote Amarillo, La Joya, Cerro Ortiz, entre otros”, reafirmó.
Sobre el largo camino que han recorrido las víctimas sobrevivientes y familiares, Serrano afirmó que la presencia en el lugar era una “muestra del hartazgo” contra toda la muestra de violencia del pasado y la actual, a la población civil.
