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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Como una opción para terminar con la asignación de plazas laborales por compadrazgo, promesas de campaña o nepotismo en el Estado y mejorar la calidad de atención de los empleados institucionales, así reconocen organizaciones de la sociedad civil al Anteproyecto de Ley del Servicio Público presentado por el gobierno ante la Asamblea Legislativa en 2017.
Colectivos como el Equipo Impulsor de la Reforma a la Función Pública (EIRFP), destacan que la finalidad de la propuesta de marco legal es la profesionalización del servicio público y modernización del Estado, lo cual se traducirá en buena administración pública y servicios de calidad.
Gustavo Amaya, representante del EIRFP, recomendó que la iniciativa de ley posterior a su aprobación regule la asignación de plazas por meritocracia y salarios de acuerdo a las competencias del personal, que labora en los tres órganos del Estado y no solo en el Ejecutivo como lo detalla la propuesta gubernamental.
“Una de nuestras recomendaciones es que si vamos a abordar en serio la reforma de la función pública, se aplique a los tres poderes del Estado ya que la propuesta gubernamental solo abarca una parte del Ejecutivo, deja fuera las autónomas, Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia, entre otras instituciones”, explicó Amaya.
En referencia a la asignación de cargos públicos y plazas, el representante del Equipo Impulsor destacó entre otras recomendaciones hechas con base al estudio de la iniciativa gubernamental, que deben asignarse con base a competencias.
Para ello, Amaya afirmó que la legislación propuesta debe basarse en tres factores y son: la meritocracia (experiencia laboral, formación académica, habilidades), profesionalización, transparencia y calidad.
El EIRFP propone la creación de un organismo rector de la ley, como una dirección de implementación de la carrera administrativa del sector público integrada por un consejo consultivo que permita una toma de decisiones informada ampliamente.
“Aquí lo que proponemos es que toda decisión sea informada, no estamos planteando que ese consejo que estaría formado por academia, sociedad civil, trabajadores sea un freno a la toma de decisiones de orden administrativo tomadas por la decisión pero sí que se informe sobre ellas en aras de la máxima transparencia”, sostuvo Amaya.
Amaya, asimismo, agregó que la ley requerirá de una transformación a nivel de academia, ya que al profesionalizar a los servidores públicos, los centros de estudios superiores tendrán que crear una nueva estructura de currículos para la formación de estos.
Según los impulsores de la reforma, la creación de estas carreras permitiría además que quienes laboren en el aparato estatal y deseen optar por un ascenso tengan acceso a este por medio de formación con base a cursos y especializaciones que les den las competencias necesarias para el puesto deseado.
Otro de los aspectos en los que el colectivo civil hace hincapié es en el proceso de transición necesario para la implementación de la nueva normativa, en este sentido consideraron que para ello deben establecerse plazos definidos y metas específicas que permitan definir el avance.
“Si bien la entrada en vigencia de la ley es casi inmediata, lo que tomará tiempo es el ordenamiento de plazas, discusión de la política salarial. Hay que crear un organigrama que defina las competencias de los empleados públicos y su remuneración”, explicó el entrevistado.
En este punto, Amaya destacó que radica la preocupación de muchos sindicatos de trabajadores públicos se oponen a la iniciativa por considerar que trae consigo violaciones a los derechos laborales y despidos, lo cual rechazó tajantemente. El representante del EIRFP aclaró que los derechos adquiridos por los trabajadores, negociaciones de contratos colectivos, derecho a la libre sindicalización, entre otros, se mantienen.
Amaya manifestó que si bien a más de un año de ingreso de la propuesta de ley en la Asamblea Legislativa, aún no se registran avances importantes: la decisión de ese órgano de Estado de crear una comisión para el estudio de la misma en los próximos días da señales de confianza en que a finales del año finalice el proceso de discusión.
“Queremos que esa comisión esté conformada por todos los partidos políticos porque es un acuerdo de país; recomendamos también que la doten de recursos y apoyo técnico para que no haya justificación a posibles retrasos”, consideró el representante del EIRFP.
Entre otras cosas, el colectivo civil propone que la comisión creada para el estudio de la reforma de Ley del Servicio Público, rinda un informe mensual de trabajo y que incluya a los diversos sectores implicados en el tema.
Uno de los componentes más relevantes de la reforma es la regulación de las plazas de confianza de los funcionarios públicos, tema en el cual Amaya como parte del equipo impulsor considera que debe quedar claro el número de personas designadas como este tipo de personal y sus funciones.
Para el entrevistado, el problema del país es que los funcionarios lo reinventan cada tres o cinco años; el funcionario entrante desecha todo lo hecho por su antecesor y la inversión hecha en formación de personal, elimina y crea instancias y despide a sus miembros y comienza de cero, lo que constituye un desperdicio de recursos por no tener una regulación.
Por lo anterior, el Equipo Impulsor de la Reforma a la Función Pública consideró que la iniciativa de ley es procedente, ya que creará burócratas de carrera que brinden servicios de calidad a la población.
