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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Según Socorro Jurídico Humanitario (SJH) son 311 las muertes que se han registrado dentro de los centros penales en el contexto del régimen de excepción; de los cuales, al menos el 94% no estaban perfilados como pandilleros.
Es de recordar que el régimen de excepción se impuso el 27 de marzo de 2022 luego de un repunte en los homicidios; desde entonces la Asamblea Legislativa ha concedido todas las prórrogas solicitadas por el Ejecutivo mes tras mes. Según las autoridades han capturado a más de 80 mil presuntos pandilleros; pero organizaciones defensoras de derechos humanos dan cuenta que entre ellos se han capturado a personas que nada tienen que ver con las pandillas; es decir, han sido detenidos arbitrariamente, muchos de estos han fallecido en las cárceles por torturas o negligencia estatal.
“Sube a 311 el número de víctimas mortales durante el régimen de excepción. Hablamos de 307 víctimas adultas y 4 bebés. Según lo que se ha encontrado en bases filtradas en Telegram, hay víctimas mortales en Centros Penales a las que les han puesto muerte “sobre averiguar”. Eso significa que hay una cifra negra de muertes que se desconocen a la fecha. Estamos investigando”, planteó el SJH a través de su cuenta de X (ExTwitter).
El SJH es una de varias organizaciones de derechos humanos que documenta casos de detenciones arbitrarias y muertes de los centros penales; esto debido a que el Gobierno ha decidido cerrar todo acceso a este tipo de información.
Entre esos 311 casos de personas fallecidas dentro de los penales, el 94% no tenían vínculos con las pandillas; docenas de fallecidas ya tenían orden judicial de libertad desde hace meses y fueron presentados ante un juez sin rostro, es decir, a un juez anónimo; violentándoles su derecho de defensa, pues no se toman en cuenta ninguno de los tipos de arraigos, como domiciliar, laboral o familiar.
Según el SJH, la mayoría de estos fallecidos se encontraban detenidos en el penal de Izalco o Mariona, y se documentó con testimonios de familiares, fotografías y documentos.
“Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y a la salud (…); El Salvador reconoce a la persona humana como origen y fin de la actividad del Estado (…); el Estado violenta una y otra vez los tratados internacionales con relación al respeto de los derechos humanos”, concluyó la organización.
De momento, se desconoce hasta cuándo se mantendrá vigente el régimen de excepción. El Gobierno no reconoce que en los centros penales ha habido torturas y asesinatos.
