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Redacción Nacionales
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Los soldados de la Fuerza Armada de El Salvador y los agentes de la Policía Nacional Civil serán catalogados como “Agentes de autoridad”, por igual, según las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa al Código Penal.
La Asamblea, a petición del Ejecutivo, pidió definir a todo el sector público y oficial autónomo en la ley, según las reformas al Código Penal.
En la reforma al artículo 39, define los conceptos del «funcionariado» público de El Salvador: administración pública, funcionario público, autoridad pública, empleados públicos y agentes de autoridad, estos últimos serán “los agentes de la Policía Nacional Civil y los militares cuando acompañen o realicen funciones de seguridad pública”, antes se reconocía como “agente de autoridad” solo a la PNC.
Es de recordar que desde el 2019 la Fuerza Armada de El Salvador ayuda a la Policía Nacional Civil en tareas de seguridad pública, esto tras la aprobación de las “disposiciones especiales y transitorias para la participación de la Fuerza Armada en operaciones de mantenimiento de la paz interna”, estas fueron emitidas en noviembre de 2019 y se han prorrogado cada año, incluso para 2025.
La Fuerza Armada, en coordinación con la PNC, ha participado en operativos del Plan Control Territorial y el régimen de excepción. De hecho, Bukele, el comandante general de la FAES, ha usado significativamente este recurso para promocionarse.
La Carta Magna señala que la misión de FAES es la defensa de la soberanía del Estado y la integridad del territorio, a su vez, el presidente de la República puede disponer excepcionalmente de esta institución para el mantenimiento de la paz interna. Algo que ha hecho Bukele desde 2019, pero, con la reforma tanto los soldados y los policías que brindan seguridad pública serán catalogados en una misma definición “agentes de autoridad”, aunque no se menciona literalmente que tendrán las mismas potestades o facultades, como la detención de un ciudadano.
En la Comisión de Seguridad Nacional, el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, sostuvo que el “apoyo incondicional de la FAES en las labores de seguridad pública han traído muchos beneficios”; sin embargo, consideró “hay que tener siempre la vista los controles necesarios para evitar cualquier tipo de desviación en el poder que ellos ejercen”.
Esto va englobado en un lote de reformas al Código Penal para aumentar las penas de prisión para una serie de delitos que sean cometidos por el «funcionariado» público como actos arbitrarios, enriquecimiento ilícito, negociaciones ilícitas, cohecho entre otros.
