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Alexander Pineda
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La Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) interpuso una demanda ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia con el propósito de que se declaren inconstitucionales las disposiciones del artículo 8 de la Ley del Organismo de Inteligencia del Estado y el artículo 12 del reglamento de esta ley. “Estos artículos ponen un manto de opacidad a todo lo que se produce o documenta en la OIE, no estamos diciendo que se elimine la reserva para ciertos gastos operacionales de inteligencia, habrá información reservada para el público pero sí disponible para que la Corte de Cuentas audite”, comentó Roberto Rubio, director ejecutivo de FUNDE.
Rubio enfatizó que el Organismo de Inteligencia del Estado, al tratarse de una institución que maneja fondos públicos, debe someterse al control de las entidades contraloras, por lo que sus gastos ordinarios deben ser de conocimiento público.
